Aunque el uso del dinero en efectivo disminuye progresivamente en favor de los pagos digitales, sigue siendo el medio de pago más utilizado en España. Según el Banco de España, en 2024, el 57% de las transacciones en establecimientos físicos se realizaron en metálico. Además, las retiradas de dinero en cajeros han vuelto a niveles previos a la pandemia, según la plataforma Denaria.

Sin embargo, casi el 60% de los consumidores afirma que su método de pago preferido es la tarjeta, mientras que solo un 26 % prefiere el efectivo.

Esta preferencia digital se puso a prueba el pasado 28 de abril, cuando un apagón eléctrico masivo colapsó redes eléctricas y de telecomunicaciones en todo el país. Como resultado, los terminales de punto de venta (TPV), aplicaciones móviles y cajeros automáticos dejaron de funcionar.

Durante ese día, las compras electrónicas cayeron un 55%, lo que supuso una pérdida de 400 millones de euros, según declaró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. En ese contexto, el dinero físico se convirtió en la única forma viable de adquirir productos y servicios básicos.

En condiciones normales, las principales ventajas del efectivo son el anonimato y la privacidad. Pero en emergencias, se convierte en un salvavidas económico. Por ello, desde Denaria se recomienda tener siempre una pequeña reserva de efectivo, como medida básica de prevención.

Además, hacen un llamado a las autoridades para que se garantice el acceso al dinero en metálico a través de una red de cajeros bien distribuida. "El mundo digital tiene fragilidades evidentes", advierten.

Desde esta plataforma defienden que el efectivo no es una reliquia del pasado, sino una necesidad estratégica para asegurar la continuidad de la economía y la protección de derechos fundamentales. "La invención del ascensor no eliminó las escaleras", recuerdan con ironía.

El efectivo no depende de baterías, conexiones móviles ni internet. Por eso, en contextos de crisis, es una herramienta imprescindible. Denaria subraya que limitar su uso atenta contra la libertad de elección, la privacidad financiera y la resiliencia del sistema económico. Y concluyen: el efectivo es, también, una cuestión de seguridad nacional.