El debate sobre el gasto en defensa y la cancelación del contrato de municiones con una empresa israelí ha vuelto a polarizar el panorama político español este sábado. A un lado, los llamamientos a la movilización de Podemos; al otro, la exigencia de explicaciones del Partido Popular.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó el aumento del gasto militar como "un robo a mano armada" contra la ciudadanía. En la apertura del nuevo Consejo Ciudadano Estatal de su partido, Belarra hizo un llamamiento a la "insumisión" de todos aquellos que no quieren que sus impuestos se destinen a armamento, animando especialmente a los jóvenes a movilizarse: "Este es un momento crítico en la historia de nuestro país", aseguró, denunciando que los 10.500 millones de euros anunciados por el presidente Pedro Sánchez para defensa deberían dirigirse a servicios públicos como vivienda, sanidad o educación.

Por su parte, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, reiteró su rechazo a cualquier relación comercial con Israel tras el conflicto en Gaza. Recordó que más de 50.000 palestinos han muerto, entre ellos más de 15.000 niños, y advirtió: "Con el genocidio no se comercia, no se pacta y no se negocia".

Mientras tanto, el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, defendió el papel de su formación dentro del Ejecutivo, al que deseó "larga vida". Apostó por fortalecer la acción colectiva y democrática en el seno del Gobierno de coalición, reivindicando la multilateralidad como principio fundamental.

Desde el ala socialista, el ministro de Transportes, Óscar Puente, minimizó la controversia, considerando que el debate sobre el contrato suspendido "no es un tema sustancial" para la estabilidad de la coalición. Aseguró que existen asuntos "mucho más importantes" que garantizan la unión del Gobierno hasta el fin de la legislatura.

En la misma línea, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, defendieron la gestión socialista, destacando sus logros sociales frente a un PP que "siempre ha estado en el no".

El presidente Pedro Sánchez también reafirmó esta semana el compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 2 % del PIB, una promesa inicial del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy en 2014.

Por su parte, el Partido Popular ha anunciado que solicitará la comparecencia en el Senado de los ministros de Defensa, Interior y Presidencia para que expliquen la cancelación del contrato con Israel. Además, estudian llevar el caso al Tribunal de Cuentas, acusando al actual Ejecutivo de ser "el más dividido y rodeado de corrupción" de la historia democrática española.