El futuro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) está en el aire. Encara una fase crítica tras el último Consejo de Administración celebrado este lunes en la capital del Pisuerga. La falta de acuerdos entre el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León ha llevado al ministro Óscar Puente a anunciar que llevará la disolución de la sociedad al Juzgado de lo Mercantil, mientras que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, se niega a aceptar que exista "una causa legal" para poner fin a esta entidad clave para el desarrollo ferroviario de la ciudad.

El detonante que ha provocado esta situación es la negativa, entre otras cuestiones, del Consistorio y del Ejecutivo autonómico a aprobar la licitación de las obras de los tres pasos de Ariza, una actuación valorada "en más de 20 millones de euros" y considerada por Puente como "el paso más importante de la integración del ferrocarril". "No se ha aprobado ese punto del día como consecuencia de la negativa de los socios", denunció el ministro, que acusó a ambas administraciones de "bloquear y boicotear" la sociedad.

Esta última "no está en condiciones de cumplir el fin social para el que fue constituida", por lo que el ministro avanzó que si no se convoca una Junta General que apruebe la disolución, lo hará por vía judicial. "El baile del soterramiento no sigue", aclaró. Desde el Ministerio se prepararía una propuesta de liquidación en caso de que la disolución prosperase en los tribunales. Esto implicaría "el reparto de activos y pasivos", incluida una deuda de más de 400 millones de euros que podría complicar aún más el escenario.

Sin embargo, Carnero se opuso a que esta opción fuese viable. "No vemos causas legales para disolver la SVAV", aseguró. "No se nos ha esgrimido más allá de que si no hemos pagado los 11 millones", añadió, en referencia al impago señalado por el Ministerio como una de las posibles causas de disolución. "No voy a consentir que alguien me marque los tiempos", subrayó Carnero, quien reiteró su voluntad de diálogo y su apuesta por el soterramiento como modelo ferroviario.

Respecto al rechazo a los pasos de Ariza, el alcalde argumentó que no se trata de un 'no' definitivo, sino de una decisión aplazada por aspectos relacionados con la movilidad. "Ahora no toca los pasos de Ariza; más adelante, cuando veamos el transcurso de la obra de la estación, actuaremos en consecuencia. Entre la estación de tren y los pasos de Ariza hay un kilómetro, y este puede estar colapsado por las obras. Eso no lo voy a permitir", advirtió. Puente, por su parte, mostró su indignación por la falta de justificación técnica. "Nos ha causado profundo estupor que una decisión de esta gravedad se tome sin ningún apoyo técnico", declaró. De hecho, el ministro explicó que el argumento de la movilidad no se sustenta, ya que las obras se realizarían en una zona sin tráfico rodado.

En cualquier caso, la situación de bloqueo amenaza con paralizar los avances tanto en la integración del ferrocarril como en el soterramiento, lo que podría dejar a Valladolid sin ninguno de los dos modelos de desarrollo urbano en los que se ha trabajado durante años. La disolución de la SVAV supondría un punto de inflexión que podría derivar en un complejo proceso judicial, económico y urbanístico. Y todo ello fruto de un pulso político e institucional, un desencuentro, entre el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento y la Junta que, con la SVAV al borde de la desaparición, han perpetrado un escenario de incertidumbre sin precedentes.