El caso judicial conocido como la 'trama eólica', tras varios años de instrucción y demoras, ya tiene fecha de celebración en la Audiencia Provincial de Valladolid: serán 50 sesiones repartidas entre septiembre de este año y enero de 2026.

Según ha informado este martes, 11 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, esta macrocausa, de más de 11.000 folios y piezas separadas, comenzará los días 15 y 16 de septiembre con las cuestiones previas y posibles acuerdos de conformidad para los acusados y prevé acabar el 28 de enero de 2026 para un total de 50 sesiones que arrancarán diariamente a las 10.00 horas.

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid dio en abril de 2023 por concluida la instrucción del caso, en el que figuran diecisiete encausados, y elevó la causa a la Audiencia Provincial vallisoletana, órgano competente para celebrar el juicio.

En marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid dictó un auto en el que encausó a diecisiete personas por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal.

El instructor, además, abrió una pieza separada para proseguir con la investigación contra otras dos personas por posible blanqueo de capitales y, en la misma resolución, archivó las diligencias contra dos investigados entonces.

Entre los encausados figuran el exviceconsejero de Economía de Castilla y León Rafael Delgado, ya condenado por el conocido como caso de corrupción 'Perla Negra' y el exconsejero delegado de ADE Internacional Excal Alberto Esgueva.

Además, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos, encausó al hermano de Alberto Esgueva, Francisco, expresidente del parque empresarial de Portillo (Valladolid), y el director general de Energía y Minas, Manuel O.C.

Los demás encausados son Andrés M.P., Jesús R.R., Marc N., Germán José M.G., César H.CH., Carlos G.C., María del Mar M.F., Manuel O.C., Alejandro LL. M., Miguel Ángel LL.M., Ricardo B.S., Rafael I. de la S., Pedro B.O y Patricio LL.M.

El auto reflejó que en la Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable.

Por este motivo, el Gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.

De este empeño se encargó Rafael Delgado, junto con el fallecido exconsejero de Economía de la Junta Tomás Villanueva y, en un plan ideado junto con R.B.S , decidieron exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, según la resolución.