La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a uno de los dueños de los gallos virales, un varón de 43 años. Se le investigapor la comisión de un delito contra los animales por la mutilación de crestas y barbillas a unos ejemplares de gallos de la raza combatiente español sin informe veterinario.

El pasado 16 de enero la Guardia Civil de Valladolid, tras recibir información de una denuncia presentada en Soria por el titular de una explotación por el robo de varios gallos en unas instalaciones de Valladolid, abrió diligencia por un presunto delito de maltrato animal dando conocimiento a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Dentro de la investigación, el pasado 22 de enero el Instituto Armado realizó una inspección de las instalaciones en colaboración con los Veterinarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, en una explotación de gallos ubicada en Valladolid. En el lugar se inspeccionaron 21 aves, 15 gallos y 6 gallinas de la raza combatiente español en su mayoría y algún cruce de las razas combatiente español-fénix.

Cinco de estos gallos presentaban las crestas y las barbillas amputadas sin acreditar que dicha amputación se debe a causas terapéuticas o de diagnóstico. Estos animales corresponden con los gallos sustraídos y posteriormente recuperados en la localidad de Soria. El resto de los animales se encontraban en condiciones aceptables.

De los hechos inspeccionados se desprendió la carencia total de cualquier tipo de autorización, licencias permiso o comunicación a las distintas autoridades locales y autonómicas, por lo que se han instruido las diversas denuncias administrativas observadas al no tener dado de alta un corral doméstico, no realizar una comunicación ambiental al ayuntamiento de Valladolid y no figurar en el registro de explotaciones ganaderas (REGA) de Castilla y León. Además, tampoco disponían de documentación que acredite que dicha amputación se debe a causas terapéuticas. Asimismo, se están realizando gestiones con la empresa titular de la finca para conocer la legalidad de la situación de la explotación.

Los animales han quedado inmovilizados en el lugar debido a la imposibilidad de encontrar una ubicación que cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad y en aplicación de la normativa sectorial regulada en la Ley de Sanidad Animal, con restricción, de entradas y salidas desde y hacia esta ubicación.

Este delito está tipificado en el Código Penal y puede ser castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid, si bien se continúa con las investigaciones.