El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia de Valladolid el pasado mes de junio, por la que se condenó a cuatro años y medio y un día de prisión a una mujer, contratada como auxiliar administrativo de las entidades locales menores de Villamarciel y Villavieja del Cerro, dependientes de Tordesillas, al considerarla como autora de los delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, tras apropiarse de más de 150.000 euros. El jurado popular la consideró culpable, aunque apreció la atenuante de ludopatía.

En la sentencia también se la impuso la accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años, así como las costas de este juicio, incluidas las de la acusación particular. También tendrá que indemnizar a Villamarciel, con 76.614,68 euros y a Villavieja del Cerro, con 81.417 euros.

En los hechos probados, la sentencia recoge que la acusada fue contratada como auxiliar administrativo en 2011 para prestar servicios en las entidades locales menores de Villamuriel y Villavieja del Cerro, dependientes de Tordesillas. De esta forma, al menos desde 2016, recibió en metálico de algunos vecinos las tasas de basura, agua, alcantarillado o circulación, sin que se haya podido determinarse la cantidad concreta que no ingresó en las cuentas.

A raíz de detectarse una "grave situación económica y financiera deficitaria" en ambos pueblos, hasta el punto de no poder pagar el agua o la electricidad, el secretario interventor solicitó ayuda al Ayuntamiento de Tordesillas que acordó llevar a cabo una auditoría, que detectó un gran número de transferencias bancarias hechas por la acusada a cuentas corrientes que no correspondían con la de los proveedores de las entidades locales menores.

De esta forma, se descubrió que, entre mayo 2018 y junio 2020, la acusada ingresaba en su cuenta cantidades procedentes de pagos que deberían haberse ingresado en la de las entidades locales menores o en la de proveedores. La acusada, asimismo, efectuó numerosos pagos "irregulares" en la cuenta en la que cobraba la nómina. En conjunto, se señala que entre 2018 y 2020, ingresó en sus cuentas, procedentes de las entidades locales de Villamuriel 76.114 euros y de la de Villavieja, 80.917 euros.

La acusada reconoció haber desviado las cantidades mencionadas y justificó su comportamiento por sufrir una "absoluta precariedad económica", derivada de su situación familiar, pues su madre era una enferma dependiente y su hermana tenía parálisis cerebral, que requería atención constante. Además, la sentencia señala que las adicciones que padecía le hicieron perder el control de los impulsos de forma que sus facultades volitivas e intelectivas resultaron afectada de forma "leve". Desde 2020, recibe tratamiento de la Asociación de Jugadores Patológicos.