El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado este lunes al Gobierno de España que agilice el procedimiento de contratación de la nueva Ciudad de la Justicia para que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2026.

Esta solicitud se ha realizado a través de una moción presentada por los grupos municipales de PP y Vox, que ha sido rechazada por el Grupo Municipal Socialista y ha contado con la abstención de Valladolid Toma la Palabra (VTLP). 

El concejal delegado de Hacienda, Francisco de Paula Blanco, defendió un texto "propositivo", argumentando que los profesionales de la Justicia necesitan "más medios humanos, técnicos y materiales". Además, señaló que la dispersión de sedes judiciales en la ciudad supone un perjuicio significativo.

Irene Carvajal, de Vox, apoyó la iniciativa y criticó al Gobierno de España por sus polémicas judiciales, afirmando que se ha incrementado el volumen de trabajo en los juzgados vallisoletanos, tanto en la administración civil como penal.

En contraste, el edil socialista Juan Carlos Hernández presentó enmiendas de supresión y adición que fueron rechazadas por PP y Vox. Hernández sostuvo que "no hace falta que el Ayuntamiento diga al Ministerio de Justicia lo que tiene que hacer, porque ya lo está haciendo".

Rocío Anguita, de VTLP, criticó al ejecutivo municipal por proponer en el pleno lo que deshacen en Madrid y recordó que Valladolid es uno de los partidos judiciales con menor atasco, por debajo de la media autonómica y nacional.

La iniciativa no solo reclama al Gobierno que agilice la tramitación de los contratos pendientes para licitarlos a finales de 2025 y comenzar las obras en 2026, sino que también solicita la creación de un nuevo juzgado de instrucción en la ciudad y la prestación de servicios judiciales 24 horas al día, con guardias de 72 horas, como acordó la Sala de Gobierno del TSJCyL el pasado 3 de junio.

Además, se pide la creación urgente e inaplazable de un nuevo Juzgado de Primera Instancia, un aumento generalizado de los servicios y sedes judiciales, y un incremento de los baremos y gastos de infraestructura abonados a los Colegios Profesionales y sus colegiados por el turno de oficio y las guardias.