La cita contará con un espacio de 10.800 metros cuadrados en los que se repartirán un total de 1.300 expositores
Diez desconfía de Mañueco sobre si Medicina vendrá o no a León: "Puede ser una trampa"
Este miércoles el presidente de la Junta se reúne con los rectores y el alcalde de León recuerda que la implantación del Grado "es una decisión política de la Junta"
"Que el señor Mañueco se ampare en un consenso entre las universidades públicas de Castilla y León para que la Facultad de Medicina pueda estar en León, creo que posiblemente sea una trampa", advirtió este martes el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ante la celebración este miércoles de la reunión entre el presidente de la Junta y los cuatro rectores de las instituciones académicas públicas de la comunidad para abordar, entre otras cuestiones, la implantación de nuevas titulaciones.
Una cita que, para el regidor leonés, "puede tratarse de una trampa, ante las posturas ya manifestadas por los rectores de las universidades de Salamanca o Valladolid oponiéndose a la ampliación de titulaciones en la Comunidad Autónoma".
Frente a ello y convencido de que "hay que hacer lo que hay que hacer", José Antonio Diez quiso dejar claro que "la Facultad de Medicina tiene un plan de viabilidad excelente para ponerse en la ciudad de León".
Asimismo, Diez pidió "que no se engañe a nadie diciendo que hay que construir una Facultad". "Las facultades no empiezan construyéndose o contratando mucho profesorado de ningún otro sitio", insistió el acalde, quien recordó que la Universidad de León cuenta con una importante rama de Ciencias y los grados en Enfermería, Biología o Veterinaria, "de donde salen un montón de profesionales que pueden impartir por lo menos en los primeros años la docencia". Por otro lado, dijo, la ciudad de León cuenta con "muchos profesionales médicos que tienen la certificación para poder impartirlo".
Por todo ello, José Antonio Diez considera que la implantación del Grado en Medicina en la ciudad de León no es una cuestión de viabilidad, sino que se trata de "una decisión política de la Junta de Castilla y León".
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