El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha considerado que la última propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de fijar por ley que el salario mínimo sea el 60% del sueldo medio es "una más de las cosas que se le van ocurriendo cada día" y ha advertido de que es algo "mucho más serio", recoge EFE.

"Estamos hablando de algo importante que es el empleo, que es la economía, que es que nuestro país vaya ganando las cuotas de futuro que todos queremos y esto yo, sinceramente, lo separo ampliamente de lo que es la política", ha remarcado antes de participar en el curso Prensa y Poder celebrado en La Aguilera (Burgos).

Garamendi ha lamentado que haya tenido que enterarse de esta propuesta por la prensa y lo ha vinculado con las "ideas" que, "ante la necesidad de titulares (Yolanda Díaz) va poniendo sobre la mesa cada día sin concretar nada".

El presidente de la patronal ha confirmado que mañana volverán a sentarse en la mesa de diálogo social, aunque ha advertido de que seguirán huyendo de lo que han calificado como "monólogo social", ya que todo está "decidido de antemano".

En este sentido, ha reivindicado el derecho, reconocido en la Constitución, de poder oponerse a lo que se les proponga sin que se les acuse de estar burlándose del diálogo social, como han hecho otros autores del diálogo social ante otros aspectos, como la reforma laboral. "Yo reclamo la independencia que tenemos a poder decir sí cuando consideramos que es bueno para el país y no cuando consideramos que no es bueno. Y en este caso no sé de qué diálogo se está hablando cuando todo está cerrado", ha subrayado.

Garamendi ha reiterado, además, que la reducción de la jornada laboral abrirá de raíz los más de 4.500 convenios colectivos que se han firmado en el país y la confianza con que se han gestionado por parte de los sindicatos y las patronales.

Profundizando más en este aspecto, ha recordado que el 10 de mayo de 2023 se firmó el Acuerdo Nacional de Convenios, con el que se daba estabilidad a diferentes aspectos, como los salarios, durante los siguientes tres años. Sin embargo, a su juicio, todo apunta a que ha perdido validez, lo que supone una "pérdida de confianza" en lo que se acuerda, ha apostillado.