Una mujer contratada para prestar servicio en las entidades locales menores de Villavieja del Cerro y Villamarciel, ambas de la demarcación del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid), se enfrenta desde mañana a una petición de cinco años cárcel por malversar más de 200.000 euros.

El juicio, que se desarrollará por el procedimiento del tribunal del jurado, se celebrará en la Audiencia Provincial de Valladolid por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación.

La acusada, Esther M.R., supuestamente desvió fondos de las dos entidades con dos mecanismos distintos. Uno de ellos, cometido al menos desde 2016, consistió en apropiarse de las cantidades que los vecinos pagaban en metálico directamente al consistorio por conceptos como basura y agua, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

La procesada firmaba una carta de pagó o recibí en el espacio del interventor sin especificar en ningún momento su nombre o función para quedarse con cantidades que no se han podido determinar de manera concreta, aunque la estimación lineal realizada en 2021 reflejó 45.582 euros por tasas de alcantarillado y recogida de basura en Villamarciel.

El cálculo incluyó también 3.340 eros de la tasa por entrada de vehículos en la misma entidad y 11.838 euros de Villavieja del Cerro por tasas de agua, alcantarillado y recogida de basura.

El segundo mecanismo que utilizó al menos desde mayo de 2018 hasta junio de 2020 fue desviar dinero de los ingresos de ambas entidades menores en su propio beneficio a cuentas de las que era titular.

Rellenaba impresos con órdenes de transferencias desde las cuentas de Villamarciel y Villavieja a sus cuentas que aparentaban pagos de los servicios básicos, muchos de ellos a favor de Iberdrola, engañando al interventor, quien firmaba desconociendo que la cuenta de destino era la de la encausada.

De esta forma, la acusada, "que padece ludopatía simple que afecta a su voluntad", obtuvo 76.114 euros de Villamarciel y 80.917 de la otra entidad.

El ministerio público demanda una pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta durante quince años, además del abono de las indemnizaciones correspondientes a las entidades afectadas.