La Policía Nacional investiga a dos jóvenes, estudiantes de la Universidad de Valladolid, implicados en un delito contra la propiedad intelectual al grabar sin autorización las clases online impartidas por una academia, para posteriormente comercializar con ellas.

A finales del pasado mes de abril, una academia de formación de universitarios interponía una denuncia en la Comisaría de Delicias de Valladolid por la grabación de las clases online por parte de algún alumno sin autorización del centro. La denuncia recogía que el material didáctico fue compartido de forma profusa con otros alumnos de la universidad llegando a comercializar con las grabaciones.

El Grupo de Ciberdelincuencia y contra la Propiedad Intelectual de la Policía Nacional de Valladolid inició la oportuna investigación centrada, en un primer momento, en la comprobación de los hechos para posteriormente identificar plenamente a los autores de los mismos.

Tras distintas indagaciones se llegó a identificar plenamente a los dos autores de los hechos, comprobándose que incluso en algunas ocasiones habían vendido el material didáctico a distintos alumnos previo pago de 15 euros.

A los investigados se les ha imputado un delito contra la propiedad intelectual.

Además del lucro económico obtenido por la comercialización del material didáctico, el perjuicio para la academia de formación fue muy considerable porque la difusión de las grabaciones fue muy abundante entre los alumnos de la Universidad de Valladolid, y se pudo constatar que, a raíz de la difusión de los vÍdeos, los alumnos de la academia descendieron considerablemente.

Se continúan, por parte del Grupo de Ciberdelincuencia, las investigaciones con el fin de determinar si hay más personas implicadas en los hechos y determinar el alcance del perjuicio ocasionado.

La Policía Nacional recuerda que el delito contra la propiedad intelectual está tipificado en los artículos 270 y siguientes del Código Penal, conllevando el tipo básico penas de prisión entre seis meses a cuatro años y de multa de 12 a 24 meses, aparte de la responsabilidad civil derivada de los perjuicios ocasionados a los titulares de los derechos.