La Junta de Castilla y León será "muy beligerante" en defensa de las 138 empresas de Cataluña que cambiaron su sede social a esta comunidad a raíz del conocido como 'procés' de los partidos independentistas ante la petición de Junts al Gobierno de compensar con incentivos a esas compañías para que regresen a su territorio de origen.

Así lo ha manifestado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno de este año, en la que aseguró que no van "a permitir que se amenace a las empresas" para que regresen a su comunidad.

Fernández Carriedo manifestó que estas empresas "desean" seguir en Castilla y León y defendió que esta comunidad tiene "un Gobierno amable" con las inversiones, para señalar su defensa tanto en el ámbito de la promoción económica como en el jurídico, si hubiera "un prejuicio" a los intereses de éstas y de sus trabajadores.

"No nos vamos a quedar callados", advirtió el consejero portavoz, sobre el impacto que pueda tener la petición del partido liderado por Carles Puigdemont al Gobierno para mantener el apoyo dado en la investidura de Pedro Sánchez y que ayer se materializó en que los diputados de Junts no votaran para que dos de los decretos salieran adelante.

No obstante, afirmó que desconocen lo que ha pactado Pedro Sánchez con Junts, motivo por el que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó hoy, de nuevo, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para recibir la información y ver cómo afecta al resto de comunidades lo que se haya acordado con los independentistas catalanes.