El acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez incluye una amnistía, sin nombres, que abarcará el periodo comprendido entre 2012 y 2023 e incluirá casos de la denominada 'lawfare' o judicialización de la política, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana, publica EFE. 

Así lo recoge el texto de ese acuerdo que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato".

Los dos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.

A ese ámbito temporal se ha referido Cerdán en la rueda de prensa que ha ofrecido en la capital belga para informar del acuerdo que ha rubricado con Junts.

El secretario de Organización socialista ha explicado que ese párrafo implica que la futura amnistía cubre a todas las personas relacionadas "directa o indirectamente" con el procés independentista "entre 2012 y 2023". Pero ha recalcado que, tal y como se puede comprobar en el texto del acuerdo, éste no incluye nombres.

El pacto señala que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El expresident Carles Puigdemont ha venido exigiendo que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, según ha denunciado, implican "un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes".