El Centro Zambrana, situado en Valladolid y destinado a la reinserción social de menores con medidas de internamiento por orden judicial, no cumple cotas de calidad en la prestación de sus servicios debido a la precariedad laboral de los empleados pertenecientes a la parte privada de su gestión, según UGT.

Uno sesenta menores residen el Centro Zambrana, el único de estas características en Castilla y León, que a la parte pública de sus empleados añade 94 pertenecientes a la empresa adjudicataria del servicio que la administración autonómica adjudicó en 2021 y que caduca a finales de 2024, aunque cabe la posibilidad de prórrogas.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, ha pedido este martes durante una rueda de prensa que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no ejecute ninguna prórroga a la empresa adjudicataria, de origen francés.

El convenio colectivo a que están sujetos, "con sueldos bajos y paupérrimas condiciones laborales", ha apuntado, se traduce en frecuentes episodios de ansiedad, estrés, depresiones y "problemas psicosociales" porque no se cubren bajas y la parcialidad se dispara, ha añadido.

Por esta razón, el representante sindical ha pedido a la Junta de Castilla y León que no prorrogue la concesión administrativa de los servicios y obligue a la empresa adjudicataria a cumplir con sus obligaciones.

La Junta de Castilla y León "debe fiscalizar porque es suya la competencia del servicio que adjudica, tiene que vigilar adonde va el dinero, que es de todos, pero tiene muy pocos inspectores no sólo en Zambrana sino en ayuda a domicilio, residencias y comedores", ha lamentado.

Los "grandes perjudicados", ha insistido, no sólo son los trabajadores afectados, sino los menores porque "no reciben los servicios con la calidad que se debiera".

Por su parte, el secretario del sector de Servicios a la Comunidad de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Castilla y León, David López, ha recordado que tres millones de euros fue el precio base de la licitación para la parte externa de los servicios, y que la empresa adjudicataria rebajó hasta los 1,7 millones.

El resto (1,3 millones) lo recuperan a través de las "precarias" condiciones laborales de los trabajadores, han coincidido en concluir ambos trabajadores.

La Junta de Castilla y León, a través de un director técnico, recibirá a los representantes de UGT el 22 de septiembre para conocer estas y otras quejas, después de cuatro meses de peticiones reiteradas por parte del sindicato.