Supuestamente, estafó a una amiga 100.000 euros tras fingir ser funcionaria de Hacienda
Dos años y tres meses de cárcel para la exedil de Bobadilla por quedarse con el dinero de una amiga
La acusada se enfrenta a la indemnización de las víctimas de más de 10.300 euros
La Audiencia Provincial de Valladolid condena a 27 meses de cárcel a la exconcejala del PP de Bobadilla del Campo Inés María Fernández-Salinero por un delito de estafa. Además, la que fue edil de festejos en el municipio vallisoletano, deberá hacer frente a una multa de 1.080 euros y a la indemnización de las víctimas de más de 10.300 euros.
Los hechos se remontan a 2019 cuando la acusada inició una relación de amistad con una madre que llevaba a sus hijos a la misma guardería que ella en Medina del Campo. Ésta comentó a la acusada que había heredado un piso que pretendía vender, pero no podía hacerlo al existir un embargo de Hacienda de más de 10.000 euros.
Según se argumenta en la sentencia, guiada por su ánimo de enriquecerse y "faltando a la verdad", Férnandez-Salinero comentó a la víctima que pertenecía a la Agencia Estatal Tributaria y que podía contactar con un alto funcionario que le permitiese pagar la deuda de forma fraccionada. Tras este engaño, la estafadora le facilitó una cuenta bancaria a la víctima haciéndole creer que era de Hacienda, pero en realidad era titular única de la cuenta. De esta forma y, a través de pagos en mano, la víctima entregó hasta 1.350 euros.
Posteriormente, la acusada para intentar que la perjudicada y sus familiares no descubrieran que el dinero entregado no se había utilizado para cancelar el embargo y pretendiendo retrasar la denuncia contra ella, les explicó que la cancelación llevaría unos dos meses. Envió a su amiga un correo electrónico el pasado 5 de noviembre de 2020 con un supuesto certificado de Hacienda. Este certificado se refería a que la madre estaba al corriente de sus obligaciones tributarias y, además, le entregó una aparente nota simple del Registro de la Propiedad de Medina del Campo.
Cuando dicha nota llegó a manos de la inmobiliaria que gestionaba la venta del inmueble, se sospechó de su autenticidad y se procedió a interponer una denuncia.
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