Las obras en el km 358,150 de la A-11 motivan un corte permanente del ramal de salida del enlace en el km 13 de la VA-30 sentido Burgos (salidas Soria / La Cistérniga / Valladolid centro)
El alcalde de La Cistérniga denuncia la "dejadez" del antiguo equipo de Gobierno
Dejaron facturas pendientes por 1,2 millones de euros
Alberto Redondo, el nuevo alcalde de La Cistérniga (Valladolid), hoy criticó la "dejadez" del equipo de Gobierno anterior. Según dijo en un comunicado recogido por Ical, al acceder al cargo encontró más de 500 facturas pendientes de pago por valor de 1,2 millones de euros, algunas desde marzo, lo que ha provocado varios requerimientos de Hacienda para hacerlas efectivas. Además, lamentó haber descubierto certificaciones de obra que no se habían pagado y un importe pendiente desde la mancomunidad Pinoduero. También se quejó de las "innumerables carencias" en la gestión de parques y jardines y el "abandono del personal público".
En ese sentido, asegura que hay problemas en la piscina municipal, con pérdidas de muchos litros de agua cada día, una depuradora en mal estado y césped sin replantar desde hace tiempo, además de la inexistencia de un plan de mantenimiento de parques y jardines, que ha llegado a provocar tres incidentes con árboles enfermos y abandonados o informes negativos de seguridad.
Asimismo, el nuevo equipo de Gobierno advierte que "se siguen esperando un montón de reformas que no han sido ejecutadas, como en los colegios", con un cercado de hormigón en uno de los centros escolares que conlleva riesgo de caída, y sobre el cual ya se está trabajando para subsanar esta situación antes del comienzo del nuevo curso escolar.
Redondo también denuncia la falta de planificación en materia de personal, con más de 20 operarios que finalizan contrato en este ejercicio, una plaza de técnico de Cultura sin cubrir además de problemas en edificios públicos, como bancos rotos o ventanas caídas en el consultorio que llevan años sin solución, goteras en varios edificios públicos, una pared de frontón que se cae, la presencia de uralita en instalaciones municipales o un edificio comprado por 250.000 euros declarado en ruina sin estar derribado y el solar limpio, algo que ascendería a 60.000 euros por la presencia de amianto.
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