El Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León ha recordado su legitimidad y plenitud de facultades mientras no haya resolución judicial en contra y ha justificado las actuaciones que ha llevado a cabo con respecto al Colegio de Valladolid, que discute tal legitimidad judicialmente con resultados "infructuosos" hasta el momento.

"Por más que el Colegio de Valladolid insista en no reconocer la legitimidad del Consejo en tanto un juzgado no diga lo contrario, es exactamente al revés: este Consejo y sus representantes son los únicos legitimados para actuar como tales, en tanto no recaiga resolución judicial en contra", aseguran.

El Consejo ha rechazado la denuncia de "campaña de acoso y desprestigio" por parte del Colegio de Valladolid y ha señalado que éste último ha realizado una serie de actuaciones ante las que está "obligado a responder en cumplimiento de sus funciones".

Así, ha explicado que los representantes del Colegio de Valladolid, y también el de León, no acuden a las reuniones del Consejo desde diciembre de 2020 pese a estar convocados, pero además lleva sin pagar las cuotas debidas desde hace casi dos años, cuando se celebró el proceso electoral, por lo que se ha acordado ejercer acciones para reclamar la "enorme" cantidad adeudada.

De la misma forma, ha afirmado que adeuda más de 285.000 euros al Consejo por la compraventa de la que actual sede, que se reclama judicialmente, y ha apuntado que los representantes del Consejo y sus trabajadores no han podido acceder a la sede de la calle Alcalleres desde diciembre de 2020 hasta junio de 2022 "al haberse contratado a una empresa de seguridad ex profeso para impedir tal acceso por la comunidad de propietarios, a petición del Colegio de Valladolid" que, ha agregado, preside la misma, algo que se encuentra también en los juzgados.

Por otra parte, el Consejo afirma que el Colegio se niega a recibir comunicaciones o atender requerimientos, por lo que se ha expedientado a su presidenta, Silvia Sáez Belloso, a la que se ha suspendido para ejercer cargos colegiales en la Junta de Gobierno por dos años.

Finalmente, ha negado que se haya "usurpado" la web del Colegio de Valladolid y ha lamentado "profundamente" tener que pronunciarse porque "la única intención de sus miembros es poder trabajar en defensa de los intereses de los colegiados".