Las ocho personas detenidas a finales de enero de 2020 en la localidad vallisoletana de Puente Duero tras el desmantelamiento de dos plantaciones de marihuana han cerrado un acuerdo con el fiscal del caso para asumir un conjunto de condenas que no supera los doce años de cárcel, frente a los veintisiete a los que se exponían en un principio.

El acuerdo será sellado de forma definitiva durante la comparecencia prevista este lunes, 5 de septiembre, en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, donde los ocho encausados irán dando el sí definitivo tras reconocerse autores de los delitos que se les imputan, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Su detención se produjo en el marco de la operación 'Glocka' contra el tráfico de armas en Puente Duero, Pajarillos y Zaratán, que condujo a los agentes no solo a la intervención de distinta munición sino que también permitió descubrir y desmantelar dos plantaciones de marihuana "de alto rendimiento" en el primero de los citados barrios vallisoletanos, instalaciones que, además, contaban con enganches ilegales al fluido eléctrico para evitar el pago de las altísimas facturas del coste de la electricidad que generaban los cultivos 'indoor', en los que fueron incautadas 633 plantas en una fase inicial de maduración.

En el relato de hechos probados, se apunta que el matrimonio formado por Jonathan P.G. y María Lourdes P.M. regentaban la plantación hallada por la Guardia Civil en su domicilio sito en 'El Pinarillo' de Puente Duero, mientras que el segundo cultivo, en la misma urbanización, fue montado por el primero de los acusados y Alberto L.G, vecino de Zaratán, en otra vivienda que este último había arrendado y que tenía como arrendatario al también acusado José del C, quien sabía perfectamente el destino que se iba a dar al inmueble.

Al resto de los encausados se les atribuye haber participado en distinta medida, unos con el aporte y carga de materiales y otros en labores de electricista o fontanería, en el montaje de esta segunda plantación de 'maría'.

Así, la mayor de las condenas de los acusados, a cinco de los cuales se les reconoce la atenuante de drogadicción, recaerá en Alberto L.G, a razón de tres años y medio de prisión--se le aplica reincidencia--, por sendos delitos de tráfico de drogas, de los que causan y no causan grave daño a la salud, así como por pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, con una multa aparejada de 273 euros.

El acusado se dedicaba además a la venta de drogas,parcialmente al menos como medio para sufragar su propio consumode sustancias (cocaína, anfetamina, metilendioxianfetamina yketamina). De hecho, la Guardia Civil halló en su domicilio de Zaratán un total de 65,55 gramos neto de cocaína, junto con ketamina y otras sustancias.

Del delito contra la salud pública de los que no causan grave daño a la salud y de pertenencia a grupo criminal están también acusados como autores Antonio D.J, Jonathan P.G, Eduardo P.H. y Manuel Javier S.P, quienes aceptarán penas de un año y nueve meses de prisión y multas también de 273 euros.

Por su parte, Hilario M.M.--también reincidente--se conformará con siete meses de privación de libertad e idéntica multa y María Lourdes P.M.--es esposa de Jonathan--y José del C. con seis meses cada uno y la misma sanción económica, con la particularidad de que estos tres últimos son considerados cómplices del tráfico de marihuana y quedan eximidos de la pertenencia a grupo criminal.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la Aseguradora Ocaso con un total de 4.488 euros por los desperfectos ocasionados en la segunda de las viviendas y con otros 12.154 euros a Iberdrola por el enganche ilegal al fluido eléctrico, cantidad esta última que no incluye los otros 2.169 que deberá abonar, a mayores, el matrimonio formado por Jonathan y María Lourdes.