El Ministerio de Trabajo y Economía Social se han reunido este lunes con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para intentar acordar la subida que debe experimentar este año el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en 965 euros al mes por catorce pagas. La reunión no será con los 'primeros espadas' de las organizaciones sindicales y empresariales, ya que tendrá un carácter más técnico. Todo apunta a que de la negociación saldrá un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, sin el respaldo de los empresarios, como ya ocurrió con la anterior subida del SMI.

El Gobierno no está obligado a negociar el incremento del SMI, sólo a informar y consultar con los agentes sociales su decisión, pero la política de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la de intentar siempre el acuerdo. La ministra comparecerá a las 13.00 horas junto al secretario de Estado de Empleo para informar del desarrollo de la reunión.

Sobre la mesa está la demanda de CCOO y UGT para que el SMI suba este año hasta los 1.000 euros mensuales, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, en cumplimiento del compromiso que suscribieron con el Gobierno a mediados de septiembre del año pasado, cuando acordaron elevar el SMI hasta los 965 euros con efectos desde el 1 de septiembre.

Gobierno y sindicatos establecieron también en dicho acuerdo el compromiso de que el SMI, mediante su "progresiva revisión" en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.

De dicho acuerdo quedaron descolgadas las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entendían que no era el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española estaba en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.

CEOE lo ve complicado

Un argumento similar es el que está esgrimiendo actualmente la CEOE para rechazar esa posible subida del SMI hasta los 1.000 euros. Su presidente, Antonio Garamendi, advirtió la semana pasada de que subirlo hasta esta cantidad, como reclaman los sindicatos, podría provocar una "contracción importante del empleo", pues aún hay empresas que no se han recuperado de la crisis, sobre todo las más pequeñas.

"Lo de los 1.000 euros lo veo complicado (...) Hay un problema de solvencia en las empresas, todavía las empresas más pequeñitas están bastante ahogadas. Llevamos dos años muy complicados", subrayaba Garamendi hace unos días.

Además, recordaba que el SMI ha subido un 30% en los últimos tres años, que ocho comunidades autónomas presentan ya un salario mínimo superior al 60% del salario medio y que estas subidas deben también quedar recogidas en los contratos públicos.

La vicepresidenta Díaz ha indicado que el objetivo del Gobierno para 2022 es seguir la senda recomendada por el Comité de Expertos del SMI en el camino de situarlo en el 60% del salario medio a final de legislatura. Dicho comité de expertos planteó para 2022 una subida de entre 24 y 40 euros al mes, en función de varios escenarios. Para 2021 recomendó elevarlo entre 12 y 19 euros y al final la subida que aplicó el Gobierno fue de 15 euros, dentro del rango aconsejado.