Vox podrá tener nombres del personal que trabaja en violencia de género a los que acusa de sesgo ideológico

Francisco Serrano, diputado regional de Vox en Andalucía. Foto: EP

La Junta de Andalucía recaba nombres y apellidos por una petición de un particular. Es lo que pidió Voxm qye ve sesgos ideológicos en los informes de los profesionales que valoran los casos de violencia de género.

El grupo parlamentario de Vox en el parlamento regional de Andalucía podrá tener acceso a una relación detallada con los nombres, apellidos y número de colegiados de cada uno de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores.

 

El motivo, que El Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla ha empezado a recabar, a petición de la Junta, los datos de colegiación de los psicólogos y trabajadores sociales que trabajan en los juzgados de Familia, Menores y en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG). Esta petición llega de un ciudadano particular que ha pedido acceder a unos datos que se le negaron a Vox tras una polémica solicitud.

 

La formación de ultraderecha tiene en el punto de mira estas unidades psicosociales de valoración de los casos de violencia de género en los servicios públicos de sanidad. Según sus planteamientos, están emitiendo informes poco profesionales y muy ideologizados que afectan a las sentencias judiciales. Vox considera que los informes que emiten son poco profesionales y están ideologizados. Sindicatos y partidos politicos creen que la petición de nombres y apellidos esconde la intención de hacer una 'lista negra' de profesionales.

 

Ahora, y según un documento al que ha podido acceder TRIBUNA, Vox va a lograr esta lista de profesionales. Con fecha 8 de abril, ha llegado esa petición a los servicios públicos que hacen esa función en la administración andaluza

 

El pasado marzo, en las negociaciones para formar gobierno, el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, anunció un plan para duplicar las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en Andalucía gracias a un plan de choque que va a contar una inversión de 700.000 euros, mientras que Vox exigía que las mismas estén formadas por personal "cualificado e imparcial" porque de sus informes dependen decisiones judiciales.

 

Para posicionar a Vox, el presidente del grupo, Francisco Serrano, habá advertido de que "hay mucho que mejorar por el bien no sólo de las personas que les afecta estos problemas, sino por el bien de la sociedad", toda vez que cree que esto "no solo es problema de los hombres, sino también de muchas mujeres maltratadas que no reciben una valoración exacta y sufren por tener informes inadecuados".

 

Vox había registrado una pregunta, que tuvo que reformular, en la que pedía nombres y apellidos de los trabajadores de estas unidades para conocer sus puestos y cualificación profesional y ahora ha saludado la información aportada por Marín: "Hoy en gran parte se nos ha proporcionado, no toda, pero esperamos tenerla en breve".

 

"Combatir la violencia en el ámbito familiar nos preocupa mucho y es una cuestión que todos queremos erradicar", ha dicho antes de apuntar la importancia de contar con personal especializado e imparcial en las unidades de valoración cuando de los informes que emitan dependen, en muchos casos, el derecho de los menores dado que los jueces basará su decisión apoyándose a ellos.

 

Así, Serrano pide personal "muy cualificado" que "objetiva e imparcialmente" decida porque afecta al futuro de los menores, mientras que ha rechazado la externalización de los equipos psicosociales para que no queden en manos de "contratos low cost". "La externalización tendría que desaparecer y los equipos integrarse dentro de la Administración", ha añadido para exigir experiencia y calidad en la prestación del servicio "y que intervengan los especialistas".