Valladolid Toma la Palabra reclama a la Junta responsabilidades por el caso Zambrana

Imagen de archivo. E.P.

El grupo municipal pide que las compensaciones económicas de la Administración regional financien la regeneración de Aramburu-Las Viudas.

Valladolid Toma la Palabra presentará en el Pleno del próximo martes, 12 de marzo, una moción en la que se propone al Ayuntamiento que reclame a la Junta de Castilla y León, como consecuencia de asumir su responsabilidad política en la obligación de expropiar los terrenos de Zambrana en 2014, el compromiso de financiar el proyecto de regeneración de Aramburu-las Viudas, en una cantidad no inferior a los 10 millones de euros.

 

El caso Zambrana fue un complicado proceso administrativo de cambios de propiedad, reversiones y expropiaciones que implicó al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León y a la propiedad de la denominada Finca Zambrana, de más de 5 hectáreas, y que concluyó definitivamente en 2017. Supuso, por un lado, el ingreso en las arcas de la administración regional de 4.249.727,47 € (en concepto de reversión). Pero, por otra parte, llevó al pago de una expropiación posterior, por parte de la administración local, de 16.774.328,12 €, más los intereses (cerca de 20 millones).

 

El suelo se expropió en el año 1943 para construir un reformatorio. Pero parte de la finca quedó para otros usos, en manos de la Junta, que lo devolvió a los herederos del expropiado en 2007. Al no poder destinarse a ningún uso lucrativo, solicitaron al ayuntamiento la expropiación. Esta, finalmente, se valoró en los 20 millones antedichos.

 

Tras la Comisión de Investigación que se llevó a cabo en el ayuntamiento, se puso de manifiesto que en este fiasco urbanístico la responsabilidad recaía en las dos administraciones, la regional y la local. Entre ambas llevaron a no adecuar el plan vigente y acabar obligando a la expropiación. Pero curiosamente, mientras la Junta ingresaba algo más de 4 millones, el Ayuntamiento tuvo que pagar en torno a 20.

 

La responsabilidad nunca fue asumuida por la Junta. El Ayuntamiento, que llegó incluso a reclamar judicialmente la revisión de oficio del expediente, aparte de reconocer sus errores en el proceso, ha mantenido que la Administración regional era corresponsable. 

 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sentencia de 2017, no obligó a tal revisión, debido a que la Alcaldía, según se puede leer en la sentencia, no podía instar la revisión de oficio de la actuación de la Junta, “porque se trata de un acto bilateral entre la Administración autonómica con un tercero” (los propietarios) que “en nada afecta al Ayuntamiento. Sin embargo, nada impide que la Junta explique públicamente su proceder en un caso controvertido y oscuro.

 

En 2015, al acceder al gobierno municipal, el nuevo concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, visitó a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y le reclamó hacerse cargo del 50% del coste de la expropiacion. El edil de Valladolid Toma la Palabra ha explicado que Del Olmo, ahora candidata por el PP al Ayuntamiento, respondió "que no tenía ninguna responsabilidad y que la Junta había actuado de manera adecuada".

 

En este momento, el grupo municipal se encuentra en tramitación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que afecta a los terrenos expropiados, y que se vincula a la regeneración del ámbito de Aramburu-las Viudas. En él se prevé una inversión de algo más de 26 millones de euros, de los cuales corresponderían cerca de 12 al Ayuntamiento; mientras que la administración regional aportaría, en principio, el 20%.

 

Saravia ha señalado que espera una votación de todo el pleno a favor de la moción. Con esta, intentarán adoptar un acuerdo por el que se incremente esa aportación en los 10 millones de euros correspondientes al 50% de la expropiación de los citados suelos.