Una nueva sentencia llena de sombras la gestión municipal en el 'caso Zambrana'

Vista aérea del Centro de Menores Zambrana.

La resolución reitera que si el Ayuntamiento de Valladolid se vio obligado a expropiar y abonar la suma de 20 millones de euros de sus recursos, por una parcela que no necesitaba ni quería, fue por su inacción al consentir el justiprecio.


 

Una nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha puesto en evidencia la dudosa gestión realizada en el caso Zambrana. La resolución, de fecha 18 de octubre de 2016 y notificada el pasado 27 de diciembre, desestima el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Valladolid de 28 de mayo de 2015, que a su vez también desestimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por la sociedad mercantil Arce Treinta S.L.

 

Dicho recurso se dirigía contra la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de desestimar su solicitud, presentada en fecha 26 de febrero de 2009, de inicio por parte de ese Ayuntamiento del expediente de justiprecio para la expropiación de parcela situada en el ámbito Zambrana, pretendiendo una solución idéntica a la de la ya famosa parcela cuya expropiación por Ministerio de la Ley ha producido el pago de una cantidad de más de 20 millones de euros por sentencia judicial.

 

La sentencia desestima la pretensión de la citada mercantil sobre dos argumentos. El primero de ellos por tratarse de una parcela, propiedad de Arce Treinta S.L., distinta de la de la Comunidad Hereditaria de Juan Puente y que fue adquirida precisamente a esa comunidad hereditaria previa segregación de la finca principal de la que formaba parte.

 

La segunda y más importante es que “en el presente procedimiento precisamente se cuestiona por la mercantil apelante la adquisición de la finca mediante expropiación por ministerio de la ley, mientras que en los anteriores procedimientos se partía de un justiprecio consentido por el Ayuntamiento, de manera que se trataba de un acto firme para esa Administración municipal y que había sido fijado por la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid en sesión celebrada el 21 de junio de 2012, lo que no concurre en el presente caso”.

 

Con esta sentencia, queda claro, una vez más, que si el Ayuntamiento se vio obligado a expropiar y abonar la suma de 20 millones de euros de sus recursos por una parcela que no necesitaba ni quería, fue por su inacción al consentir el justiprecio fijado por la comisión Territorial de Valoración, hecho que, al no concurrir en este caso, le ha librado de una situación semejante y que hubiese producido un nuevo quebranto a las arcas públicas.