Tordesillas presenta una de las primeras mociones para rechazar la Ley Montoro

El alcalde socialista y José Antonio González Poncela y el secretario PSOE de Valladolid, Javier Izquierdo, han presentado esta moción que el grupo socialista quiere llevar a todos los ayuntamientos de la provincia, promoviendo así la inconstitucionalidad de la nueva Ley.

El Ayuntamiento de Tordesillas debatirá en el Pleno que celebra en la tarde de este martes y, previsiblemente, aprobará una de las primeras mociones presentadas por el PSOE para plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional dirigido a que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, conocida como 'Ley Montoro'.

 

El alcalde socialista de Tordesillas, José Antonio González Poncela, y el secretario general del PSOE de Valladolid, Javier Izquierdo, han presentado esta moción que el Grupo Socialista defenderá en el Pleno correspondiente al mes de enero y que espera pactar a lo largo de la jornada con el Partido Popular para que sea un texto institucional.

 

En todo caso, Javier Izquierdo ha destacado que será la primera moción de este tipo que se apruebe en la provincia de Valladolid y, posiblemente, una de las primeras tanto en ayuntamientos de Castilla y León como del conjunto del Estado.

 

La propuesta será defendida en las próximas semanas por el PSOE en otros ayuntamientos españoles y castellanoleoneses, incluido el Consistorio vallisoletano, donde se celebrará Pleno el próximo martes, 14 de enero.

 

El texto plantea la tramitación de un conflicto ante el Tribunal Constitucional al objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley que, como ha recalcado Izquierdo, supone "un ataque contra la autonomía local y puede implicar un claro desmantelamiento de la presencia de los ayuntamientos en el medio rural". Asimismo, incluye también un punto que insta a las federaciones Española y Regional de Municipios y Provincias a facilitar a los ayuntamientos el cumplimiento de los requisitos establecidos,

 

El secretario general ha añadido que para que se pueda plantear ese conflicto se requiere un consenso de una séptima parte de los ayuntamientos españoles que, además, aglutinen un sexto de la población. Izquierdo ha subrayado la importancia que tendría Valladolid para esta campaña pues cuenta con 225 municipios, de los en torno a 1.080 que se necesitarían para avanzar con el proceso.

  

El representante socialista ha subrayado que el PSOE va a "llegar al final" con la propuesta, porque considera que "muchos" de los ayuntamientos del Partido Popular y sus alcaldes "también están en contra" de la Ley que modificará la Administración local, y ha manifestado que espera que algunos de ellos promuevan o apoyen la iniciativa socialista.

  

En cuanto al requisito de incluir a la sexta parte de la población española, el secretario provincial socialista ha incidido en que existen ayuntamientos "con mucha población", más allá de las capitales de provincia, que pueden aportar para llegar a ese "quorum".

 

COMPETENCIAS Y SERVICIOS "ESENCIALES"

 

Tanto Javier Izquierdo como el primer edil de Tordesillas se han referido especialmente a la posibilidad que establece la Ley de que competencias y servicios "esenciales" como la gestión de residuos, el abastecimiento de agua o la pavimentación de la vía pública puedan ser arrebatadas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, como sería el caso de la localidad tordesillana.

 

Esas funciones pasarían a ser responsabilidad de las diputaciones, que, según Izquierdo, tendrían complicado asumir los costes de las mismas y, ha aventurado, terminarían por asignarse a empresas privadas de prestación de servicios que "dependen de las grandes constructoras".

  

González Poncela ha incidido en la "preocupación" que genera la reforma en su Consistorio y ha citado específicamente el caso del abastecimiento de agua que gestiona actualmente y por el que recibe numerosas solicitudes de aplazamientos de pagos de familias que no pueden hacer frente a las facturas a causa de su situación económica que, en ningún caso, ha defendido, acaban con un corte del servicio.

 

"Si el servicio pasa a la Diputación, los ciudadanos tendrían que ir a pedir el aplazamiento al presidente y sería mucho más difícil", ha augurado González Poncela, quien ha reflexionado que "ningún ciudadano de Valladolid y España que haya votado a sus representantes no pueda elegir a quien gestiona el agua o limpieza de residuos".