Solicitan ocho años de cárcel al funcionario de la Diputación encargado del almacén de la Cardenal Marcelo
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Solicitan ocho años de cárcel al funcionario de la Diputación encargado del almacén de la Cardenal Marcelo

Una fotografía de la residencia Cardenal Marcelo.

El acusado y un empresario, también imputado, se repartieron 80.000 euros tras fingir entregas de víveres en el centro no efectuadas

Fiscalía de Valladolid solicita una pena de ocho años de cárcel para el funcionario de la Diputación Provincial Julián D.P, encargado del almacén-despensa de la residencia de ancianos Cardenal Marcelo, y el empresario Carlos L.H, administrador de la empresa PAIR S.L, por repartirse supuestamente entre ambos más de 82.000 euros tras ponerse de acuerdo para facturar entregas de víveres que abonaba la institución provincial pero que nunca llegaron a entrar en el referido centro.

 

En su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusación pública y la particular, en representación de la Diputación de Valladolid, tipifican los hechos como un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsificación de documento mercantil y consideran al funcionario autor del primero y cooperador necesario del segundo, mientras que al administrador de PAIR le imputan la autoría del segundo de ambos delitos y su concurso como cooperador en el primero.

 

Así, Fiscalía interesa para ambos una condena de ocho años de privación de libertad, frente a los cinco que pide la acusación particular, y además la acusación pública pide la inhabilitación del funcionario por un periodo de veinte años. La acusación particular solicita también multas para el funcionario y el empresario por importe de 2.700 y 5.400 euros, respectivamente, y asimismo las dos acusaciones, en concepto de responsabilidad civil, reclaman a los dos procesados que indemnicen a la Diputación provincial con más de 80.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil PAIR S.L.

 

Los hechos que serán vistos en un juicio con jurado popular en la Audiencia de Valladolid, en fecha aún por determinar, se circunscriben al periodo que media entre los años 2007 y 2010, en el que el funcionario de la Diputación vallisoletana Julián D.P. tenía encomendado el control del almacén-despensa de la residencia Cardenal Marcelo, dependiente de la institución provincial y ubicada en la Avenida de Las Contiendas.

 

En el referido periodo, los acusadores sostienen que el funcionario y el administrador de PAIR S.L, Carlos L.H, quien figuraba como proveedor de determinadas partidas de alimentos de la referida residencia de ancianos, se pusieron de acuerdo para hacer figurar en los albaranes de entrega de suministros que éstos habían sido servidos y entregados en el centro, cuando en realidad los víveres jamás entraron en el almacén.

 

De este modo, los albaranes eran emitidos por el empresario a través de su empresa y luego firmados por el funcionario como recibidos en representación de la Diputación de Valladolid, lo que permitía luego a la mercantil pasarlos al cobro y entre ambos, presuntamente, se repartían el importe de las facturas, que en el periodo investigado supera los 80.000 euros.

 

DESCUBIERTO A RAÍZ DE UN INVENTARIO

 

El supuesto ardid de los dos investigados se produjo a raíz de un inventario efectuado por el centro Cardenal Marcelo, aprovechando las vacaciones de verano del funcionario encargado del mismo. Así, se pudo corroborar que el inventario existente era notablemente inferior al que correspondía a los albaranes de mercancía recibidos inmediatamente antes.

 

Ante ello, la Diputación efectuó una investigación interna en cuyo transcurso el empresario procesado llegó a confesar los hechos y se ofreció a restituir la cantidad malversada con el fin de que el asunto quedara archivado.

 

El contrato de suministro con esta mercantil fue finalmente resuelto por Decreto de Presidencia de fecha 13 de octubre de 2010, a solicitud del adjudicatario, que perdió además la fianza prestada.

 

Un informe pericial contable efectuado sobre el patrimonio del funcionario acreditaría que los ingresos registrados por éste en el periodo investigado es muy superior al que le corresponde por razón de su puesto de trabajo y el de su esposa, con lo que los mismos han sido atribuidos a esta actividad delictiva.

 

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