Sí Se Puede Valladolid pedirá la derogación de la Ley Montoro para recuperar la autonomía local

Charo Chávez, de Sí se puede Valladolid, durante una rueda de prensa. A.MINGUEZA

Defenderá otra moción en el Pleno Municipal, también junto a VTLP, que busca la adhesión de Valladolid a la Declaración de Barcelona y la paralización de conversaciones sobre tratados como el TTIP.

El Grupo Municipal Sí se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid pedirá en el próximo pleno, fijado para el 9 de noviembre, la derogación de la conocida como ‘Ley Montoro’ con el fin de propiciar la recuperación de la autonomía local, mermada desde su entrada en vigor en el año 2013, y de garantizar y fortalecer la prestación de los servicios públicos esenciales.

 

La portavoz de Sí se Puede, Charo Chávez, defenderá esta moción presentada junto a Valladolid Toma la Palabra, en la que se recuerda que la aplicación de esta normativa ha conllevado una importante merma en la prestación de servicios públicos por parte de las administraciones locales, lo que se ha traducido en un recorte de la autonomía de estas entidades, que en los últimos tres años han manifestado de manera contundente y masiva su rechazo a la norma.

 

Charo Chávez incidirá en la importancia de elaborar una nueva Ley de Bases de Régimen Local  dotada con la suficiente financiación para garantizar la prestación de los servicios directamente vinculados a la cobertura de las necesidades de los ciudadanos, que han sido los más perjudicados por la aplicación de los recortes de los últimos años. En este sentido, las medidas restrictivas contempladas en la ‘ley Montoro’ han puesto en riesgo la continuidad de servicios como la atención de mayores y dependientes, las oficinas de atención a la mujer o el fomento del empleo.

 

Convencido de que la administración local, por ser la más cercana y accesible a los ciudadanos, debe ostentar la titularidad de todas las competencias vinculadas a la prestación de los servicios públicos, Sí se Puede reclamará de nuevo la necesidad de diseñar un nuevo modelo de financiación local que garantice el mantenimiento de todos esos servicios municipales, muy especialmente los centrados en la atención integral a los ciudadanos.

 

“El argumento de la estabilidad presupuestaria defendido por el Gobierno del Partido Popular  ha amparado el recorte de la autonomía de los ayuntamientos en temas tan delicados como la protección social y la prestación de servicios públicos esenciales”, recuerda Chávez, quien frente a ello sitúa la mayor virulencia con la que las entidades locales han sufrido los recortes pese a que su peso en el déficit es sensiblemente inferior al del Estado y las comunidades autónomas.

 

DECLARACIÓN DE BARCELONA

 

Sí se Puede presentará además otra moción junto a Valladolid Toma la Palabra que persigue la adhesión de Valladolid a la Declaración de Barcelona, rubricada el pasado mes de abril y que reclama la suspensión de las negociaciones del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y del Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA); además, demanda a los gobiernos nacionales que no ratifiquen el Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la UE y Canadá (CETA), firmado ya el pasado 30 de octubre en Bruselas tras siete años de negociación.

 

La adhesión de Valladolid a la Declaración de Barcelona constituiría un paso más en el camino de rechazo al TTIP iniciado ya por el Ayuntamiento en julio de 2015, cuando el pleno dio luz verde a una moción en este sentido. De este modo, la nueva iniciativa refuerza la oposición mostrada al TTIP e incorpora a Valladolid a un escenario de actuación de mayor alcance en el que ya se encuentran otras ciudades como las participantes en el I Encuentro Paneuropeo ‘Autoridades Locales y la nueva generación de Tratados de Libre Comercio’ de Barcelona, que incidían en la poca transparencia, democracia y participación de las negociaciones de la Unión Europea con Estados Unidos para sentar las bases del TTIP, con Canadá para el acuerdo integral de economía y comercio (CETA) y también para el acuerdo de comercio de servicios (TISA). 

 

La Declaración de Barcelona cuestiona los  beneficios de los mencionados acuerdos para los ciudadanos y para la propia Europa, que debe reforzar su economía mediante el fortalecimiento de derechos sociales, económicos, medioambientales y laborales y no a través de las posibles restricciones tanto a la capacidad legislativa como a los principios democráticos que derivarían de la aplicación de las medidas contempladas en estos acuerdos y de su incidencia en ámbitos como la democracia local o las labores de arbitraje.

 

Además, rechaza la competitividad y el crecimiento económico como los únicos criterios que han de sustentar estos acuerdos y defiende la primacía en las agendas del comercio justo y de proximidad como medio para proteger la economía local y el medio ambiente, entre otros aspectos.