Se reanuda el juicio por el asesinato de los jesuitas vallisoletanos en El Salvador

El excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano. EP

La declaración en calidad de testigo del exteniente René Yusshy Mendoza será clave para arrojar luz en el caso.

El juicio por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles en El Salvador en 1989, entre ellos los vallisoletanos Ignación Martín Baró y Santiago Montes, se retomará este miércoles en la Audiencia Nacional con la declaración en calidad de testigo del exteniente René Yusshy Mendoza, quien estuvo implicado en los hechos, pero confesó, ya cumplió condena en su país y ha colaborado con la justicia.

 

Hasta que comenzó la vista oral hace un mes, Mendoza figuraba como acusado en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, si bien el primer día el tribunal acordó eximirle con el visto bueno del Ministerio Público y las acusaciones popular y particular.

 

Según expuso su abogado ese día, los hechos que se imputaban a Mendoza ya estarían prescritos en su caso, ya que su nombre no apareció en la querella inicial que se presentó en España en el año 2011, momento en que se interrumpió el plazo de prescripción de 20 años, ni en el auto de incoación de diligencias de investigación.

 

El letrado también aportó el documento que acredita la salida de prisión de Mendoza en El Salvador en 1993, casi cuatro años después de los asesinatos, así como una carta del padre José María Tojeira, sacerdote jesuita que ejerció como rector de la Universidad Centroamericana (UCA), en la que confirma la colaboración con la justicia, como testigo directo de lo ocurrido, para el esclarecimiento de estos hechos que sucedieron hace ya más de 30 años.

 

Así, la testifical del exteniente será fundamental en el juicio contra el único acusado, el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, quien se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 150 años de cárcel, 30 años por cada uno de los cinco "asesinatos terroristas" de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo. Ellacuría era entonces rector de la UCA.

 

El juicio, a cargo de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, se retomará en la sede de la Audiencia Nacional de la localidad madrileña de San Fernando de Henares a partir de las 15:00 horas y continuará al día siguiente a la misma hora.

 

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron a seis jesuítas así como a la mujer y la hija de 15 años del guardia de la universidad. Montano ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva.

 

El asesinato de los jesuitas se produjo en un contexto de intensa polarización entre el Gobierno militar de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un proceso de diálogo y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".

 

La Fiscalía sostiene que la decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía. El excoronel fue extraditado por Estados Unidos en 2017 y desde entonces ha estado en prisión a la espera del juicio.

 

En la vista oral, Montano aseguró que él no dio la orden de matar a los jesuitas, que "no tenía nada personal" contra el religioso vasco Ellacuría y que "no hubo nunca pretensiones de hacerle daño" a él o a la Iglesia o a la UCA. También dijo que no estuvo en la reunión en la que supuestamente se ordenaron los asesinatos y que tampoco trató de encubrir los crímenes, ya que afirmó que fue él quien le aconsejó al presidente Alfredo Critiani que la investigación "se condujera con la ayuda internacional".

 

El excoronel salvadoreño, que compareció ante el tribunal en silla de ruedas y con mascarilla, se negó a contestar a las preguntas del Ministerio Público y las acusaciones popular y particular y sólo respondió a su defensa.