Sanidad destaca que gran parte de las obras del Clínico se han realizado aunque reconoce que el retraso costará 600.000 euros

Imagen de archivo de las obras efectuadas en el Clínico

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha reconocido que habrá que pagar 600.000 euros a las empresas adjudicatarías, en cumplimiento de la Ley de Contratos, dado que las empresas piden la resolución con causa en que se han paralizado las obras más de ocho meses.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha destacado la importancia de que se haya realizado gran parte de la obra del Hospital Clínico Universitario de Valladolid más allá de la resolución del contrato con las empresas adjudicatarias, a las que ha reconocido que habrá que indemnizar según establece la Ley de Contratos.

 

Sáez Aguado, quien ha asistido a la presentación del nuevo Centro Integral de Servicios de la mutua Ibermutuamur, ha respondido así a las críticas del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador por Valladolid Javier Izquierdo, quien ha exigido este lunes su dimisión o "cese fulminante" por su "absoluta inoperancia" respecto a las obras del Clínico Universitario, paradas "de facto" desde hace cuatro años y desde hace tres de forma administrativa.

 

El consejero de Sanidad ha expresado sus dudas sobre si el PSOE defiende más a la sociedad o a las constructoras que han pedido la resolución del contrato y cree que lo importante en esta cuestión es que "gran parte de la obra" ya ha sido realizada.

 

En este sentido, ha destacado que se haya levantado el área técnica del centro hospitalario, algo que es su "corazón", con quirófanos con la más avanzada tecnología, unidades de cuidados intensivos, muchos servicios centrales, etcétera. "Eso está funcionando, algo que olvida el PSOE", ha insistido Sáez Aguado.

 

Además, ha matizado que no se ha resuelto el contrato, algo que ocurrirá en las próximas semanas, tras lo que se activará el procedimiento para sacar adelante lo que queda de obras.

 

El consejero ha reconocido que habrá que pagar más de 600.000 euros a las constructoras adjudicatarias, en cumplimiento de la Ley de Contratos, dado que las empresas piden la resolución con causa en que se han paralizado las obras más de ocho meses, algo que pidieron las constructoras para evitar desajustes en el proceso de las obras.