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Recurso a la Ordenanza de servicios de autotaxi del Ayuntamiento de Valladolid

Parada de taxis en la calle de Duque de la Victoria.

Ha sido interpuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso al Ayuntamiento de Valladolid por la ordenanza reguladora para los servicios de transporte público de viajeros en autotaxi aprobada el pasado mes de julio.

 

El regulador explica que tras no recibir respuesta del Ayuntamiento al requerimiento emitido hace unas semanas, ha decidido interponer recurso especial contra la citada ordenanza. La CNMC previamente había impugnado aspectos de la anterior Ordenanza Reguladora del 9 de enero de 2018.

 

Según la CNMC, la nueva ordenanza reguladora de 2020 reproduce la mayoría de contenidos contrarios a la LGUM de la ordenanza de 2018 objeto de recurso por parte de la CNMC.

 

El Ayuntamiento vallisoletano aprobó esta Ordenanza reguladora del funcionamiento del Área Territorial de prestación conjunta de Valladolid y su entorno (ATPCVA), que fue publicada el pasado 2 de julio, después de que el texto anterior, aprobado en 2018, quedara anulado por sentencia judicial en noviembre de 2019.

 

Esta ordenanza regula el funcionamiento del servicio de taxi en la capital vallisoletana y en 23 municipios del alfoz, por lo que a partir de su publicación se recupera el sistema por el cual los taxis de la capital podrán atender servicios en los pueblos y viceversa con una tarifa unificada.

 

El TSJCyL declaró nula en noviembre de 2019 la Ordenanza Reguladora tras la demanda de siete taxistas, con lo que ésta dejó sin efecto algunos aspectos fundamentales dentro del sector como las paradas metropolitanas, los descansos de los en torno a 470 vehículos que trabajan en la provincia y la exclusividad en el trabajo para los taxistas.

 

Entre otras restricciones están la limitación general del número de licencias por cada titular a una sola prevista, la moratoria de 3 años (o 5 años si se es titular de 2 o más licencias) antes de su transmisión y la limitación del número de asalariados a dos por licencia, así como la exigencia de un permiso de conducción adicional al permiso exigido por la Dirección General de Tráfico.

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