Rafael Delgado recurre en súplica para solicitar la nulidad del auto de imputación por el caso de 'La Perla'

Imagen de archivo de Delgado, a la derecha, junto a su abogado. E.P.

Por entender que vulnera su derecho de defensa en cuando a que no se individualizan las conductas delictivas atribuidas a cada uno de ellas.

El que fuera viceconsejero y secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales encausados por el denominado caso de 'La Perla', ha recurrido en súplica a la Audiencia de Valladolid a fin de obtener la nulidad del auto de imputación dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid contra él y otras once personas por entender que vulnera su derecho de defensa en cuando a que no se individualizan las conductas delictivas atribuidas a cada uno de ellas.

 

En su recurso de súplica, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, Delgado se dirige a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, la misma que recientemente, a través de auto de fecha 3 de octubre, desestimó el de apelación interpuesto por diez de los doce encausados y ratificó en todos sus términos el dictado el 1 de febrero por el instructor del caso, el juez César Gil Margareto.

 

La pretensión de Delgado es lograr la nulidad del auto de imputación y retrotraer las actuaciones al momento anterior a fin de que el instructor emita uno nuevo que no le ocasione indefensión, toda vez que entiende que en el relato fáctico del escrito recurrido "no están adecuadamente individualizados y asignados a cada investigado los hechos concretos que se consideran presuntamente delictivos, ni se efectúa una atribución específica y concreta de los mismos a cada uno de los investigados, que son varios, y de la más variada condición tanto en cuanto al puesto que cada uno ocupa en los distintos departamentos, órganos o entidades públicas a los que en su día pertenecieron como en cuanto desarrollo de su diversa actividad profesional o empresarial".

 

También subraya la imposibilidad de deducir cuáles, de entre los diversos delitos que se enumeran en la parte dispositiva, estarían integrados por cada uno de los hechos señalados y serían imputados a cada uno de los investigados.

 

"Tal ausencia de individualización provoca indefensión en nuestro representado y ha de motivar, en consecuencia, la nulidad del auto a través del cual dicha indefensión se ha generado", concluye el defensor de Rafael Delgado Núñez, quien fundamenta su pretensión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina jurisprudencial establecida al respecto tanto por el Tribunal Supremo como por la propia Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial a la que se dirige ahora.

 

TERCER RECURSO

 

El recurrente ya ha visto rechazado su objetivo en dos ocasiones. Primero recurrió en reforma, sin éxito, el auto de imputación dictado por el juez instructor el 1 de febrero -lo rechazó el 15 de abril- y luego en apelación ante la Audiencia de Valladolid, que igualmente el 3 de octubre desestimó su pretensión. Y ahora vuelve a la carga en súplica con un tercer recurso ante esta última Sala.

 

El auto de imputación que sigue vigente de Instrucción 2 acordó seguir los trámites de procedimiento abreviado contra doce imputados tras considerar que actuaron en connivencia en las compras del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo y de terrenos en Portillo para un polígono industrial que no llegó a ejecutarse.

 

Entre los implicados incluye a la cúpula de la Consejería de Economía en la época en que estaba al frente Tomás Villanueva -queda fuera debido su fallecimiento- y compuesta por Rafael Delgado Núñez, quien ocupó distintos cargos como segundo del anterior, tanto en calidad de viceconsejero como luego secretario y en ADE Internacional, Gesturcal y ADE Parques; Begoña Hernández, también viceconsejero del ramo y con puestos en esas mismas sociedades; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.

 

Junto a ellos, el juez sitúa a los empresarios Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Carlos González Maestro y Luis Antonio Recio García, vinculados con las empresas Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

 

El rosario de delitos atribuidos incluyen revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales y/o cohecho.