Negativa de la jueza del 'Caso Samaniego' a fianzas de 350.000 euros pedidas por el Ayuntamiento

Luis Alberto Samaniego, a la izquierda. TRIBUNA

El Consistorio, que encabeza las denuncias contra su propio ex jefe de mantenimiento, había planteado fianzas de 350.000 euros para los seis denunciados.

La juez que instruye la supuesta trama de adjudicaciones de obras y servicios a empresas del que fuera responsable del Área de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego, ha denegado la imposición de fianzas de 350.000 euros que, de forma cautelar, exigía la institución local para los seis denunciados.

 

La solicitud, en el marco de la pieza de responsabilidad pecuniaria, fue planteada por el Ayuntamiento el pasado día 25 de febrero de 2015 con el objetivo de que tanto Luis Alberto Samaniego como los otros cinco denunciados, su hijo Luis Javier; el primo del primero, Antonio Bernardo Samaniego; el contable del grupo empresarial, Miguel Ángel Rodríguez Patín, así como Ana Isabel Page y María Jesús Benito, jefa del Departamento de Patrimonio y actual encargada del centro de Mantenimiento, respectivamente, depositaran cada uno una fianza de 350.000 euros para asegurar de este modo las responsabilidades pecuniarias resultantes de los hechos delictivos atribuidos a ellos.

 

El Consistorio fundamentó su petición en el informe realizado por el Interventor Municipal de Fondos respecto de las facturas pagadas a las empresas vinculadas a los denunciados en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2014, en los que se incurrió en un sobrecoste que asciende a 291.974,95 euros, sin perjuicio del que pudiera detectarse en ejercicios anteriores.

 

Sin embargo, la juez de Instrucción número 4, María de los Ángeles Palmero, a través de un auto de fecha 29 de mayo al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ha rechazado tal pretensión, contemplada en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 764 del mismo texto legal, basada en que de las diligencias de instrucción practicadas hasta la fecha "no resulta posible determinar la cuantía de la fianza y si es exigible solidariamente a todos los denunciados o se ha de exigir a cada uno de los posibles responsables, conforme a su posible responsabilidad civil".

 

FALTAN "DILIGENCIAS TRASCENDENTES"

 

Aunque de lo actuado existen indicios de criminalidad, continúa el auto, la instructora advierte de que la fase de investigación aún no ha concluido pues, entre otras, "está pendiente la conclusión de algunas diligencias trascendentes", como los informes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

 

"Es decir, los hechos delictivos se tienen que ir corroborando a lo largo de la instrucción para concretar, al menos de modo indiciario, las cuantías a las que podrían ascender las citadas responsabilidades, pues no consta en la causa informe alguno que permita valorarlas", advierte la jueza, quien añade que el informe aportado por el Ayuntamiento relativo a las facturas de 2013 y 2014 "no resulta en modo alguno suficiente para adoptar una decisión al respecto en este momento".

 

La juez pospuso al día 22 de julio el interrogatorio de la jefa del Departamento de Patrimonio, Ana Isabel Page, y de la actual encargada del centro de Mantenimiento, María Jesús Benito, tras suspender la testifical prevista el pasado día 9 de abril a petición del nuevo abogado defensor de los Samaniego, el decano del Colegio de Abogados de Palencia, Santiago González Recio.

 

Este último advirtió entonces de que en caso contrario podría darse un caso de indefensión al no haber tenido aún tiempo de ponerse al corriente de la causa que se sigue contra sus patrocinados, Luis Alberto y su hijo Luis Javier, y que hasta esa fecha llevaba el letrado Luis Lavín antes de sufrir una indisposición.

 

La aludida Ana Page es supuestamente la persona que destapó la trama actualmente investigada, mientras que la actual responsable del Centro de Mantenimiento, María Jesús Benito, fue acusada por un trabajador de ser partícipe de la destrucción de pruebas relacionadas con este caso en el que se investiga, entre 2000 y 2014, el supuesto enriquecimiento -más de 11,2 millones de euros- del clan de empresas vinculadas al exjefe de Mantenimiento del Consistorio vallisoletano.

 

Hasta el momento han declarado como imputados Luis Alberto Samaniego y su hijo, así como un primo del primero, Antonio Bernardo Samaniego, y Miguel Ángel Rodríguez Patín, contable del grupo de empresas familiares.