Más de 23.000 trabajadores del sector público miran al 1 de julio: vuelta a las 35 horas y subida salarial

La inminente aprobación de los presupuestos del Estado activa de manera automática el acuerdo para actualizar salarios y volver a la jornada anterior a la crisis en todas las administraciones. Los sindicatos lo tienen todo listo.

Los trabajadores del sector público en Salamanca ya cuentan con ello: este verano, jornada de 35 horas. El motivo, que tocan casi con los dedos la aplicación del acuerdo Montoro, el pacto que dejó escrito el anterior ministro de Hacienda con una hoja de ruta para que funcionarios y laborales de todas las administraciones volvieran a la situación anterior a los recortes de la crisis. En casi todos los casos, a partir de 2011 administraciones estatal, autonómica y local procedieron a aumentar jornada, a congelar los sueldos y a eliminar ventajas laborales (permisos, días de asuntos propios, bajas) y la situación se ha mantenido. Hasta ahora.

 

La fecha clave está muy cerca. Este martes el Senado envió de vuelta al Congreso el proyecto de presupuestos de 2018 (con los cambios introducidos por el PP) y el Gobierno está ya dispuesto para darle el último trámite en la cámara baja. Y una vez queden aprobadas las cuentas, entrarán en vigor y con ellas el acuerdo legado por Montoro a los más de 23.000 trabajadores de todas las administraciones públicas que hay en Salamanca, y los 2,5 millones del total de España.

 

Para cuando llegue ese día, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, tienen listos una serie de documentos negociados durante meses con todas las administraciones para hacer la trasposición de las condiciones del pacto con Montoro. Según ha confirmado el secretario provincial de CCOO en Salamanca, Emilio Pérez, cuentan con aplicar directamente las medidas previstas en el acuerdo en cuanto haya presupuestos. Y esperan que sea en breve, quizás con efectos ya durante julio y que se haga en todas las administraciones. Entre otros casos, ha habido acuerdos con los grandes ayuntamientos, como el de Salamanca. Por eso, en cuanto se aprueben los presupuestos los empleados públicos harán realidad las peticiones de estos años. Entre las principales, el regreso a la jornada anterior y las subidas salariales. 

 

En cuanto a la jornada, la mayoría implantaron jornadas de 37,5 horas en vez de las 35 a las que ahora se regresará. Y por lo que se refiere a las subidas salariales, depende de cada administración en concreto, ya que las que cumplen todas las exigencias de estabilidad y déficit tienen unas condiciones y las que no, otras: en todo caso, habrá subidas.

 

A falta de saber cuánto se va a demorar la aprobación de los presupuestos, los empleados públicos miran a una fecha: el día 1 de julio. A partir de ese día podría empezar a contar lo aprobado, y si no lo hace, es muy probable que en la nómina de ese mes ya se note la subida salarial. Lo primeros en notarlo serán los funcionarios del Estado, para los que es de aplicación directa; en el caso de ayuntamientos y administración local, hay ya acuerdos avanzados; y en el caso de la Junta de Castilla y León, los sindicatos quieren que se aplique también: en Extremadura la Junta ya ha dicho que será a partir del 1 de octubre.

 

 

Las medidas del acuerdo

 

El acuerdo contempla que las administraciones públicas regulen una bolsa de horas, equivalentes hasta un 5 por ciento de la jornada anual, que serán recuperables en el periodo de tiempo que se determine. Por ejemplo, un empleado público podría llegar media hora tarde a trabajar para llevar a su hijo a la guardería sin que se le penalice y posteriormente recuperar este tiempo. El acuerdo también incluye la posibilidad de establecer un sistema específico de jornada continua para hijos menores de 12 años o discapacitados.

 

Otro de los puntos fundamentales del acuerdo es la posibilidad establecer la jornada de 35 horas (18 horas lectivas en la Educación) en aquellos ámbitos donde se acuerde entre sindicatos y Administración. La jornada de 35 horas se prohibió de manera expresa en 2012, a través del decreto de recortes sobre la función pública y ha sido objeto de recursos por parte del Estado contra comunidades autónomas que las autorizaron, como Andalucía o Castilla la Mancha.

 

En cuanto a la negociación salaria, los sindicatos aseguran que la Administración ha mejorado la oferta de septiembre y está próximo un acuerdo plurianual para los funcionarios. En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.

 

Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.