Los investigadores predoctorales de la UVa se hartan y amenazan con movilizaciones si no se suben sus salarios

El Gobierno central ha aprobado recientemente un Real Decreto que establece el aumento de sueldo a los doctorandos, pero la universidad alude a una falta de previsión presupuestaria para no hacer efectiva  la subida.

Después de varios meses de quejas, los investigadores predoctorales de la Universidad de Valladolid siguen sin ver aumentado su sueldo. El pasado mes de marzo, el Gobierno suscribió el Real Decreto 103/2019, en el que se crea un nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). En él se establece un nuevo salario mínimo para los doctorandos en formación de las universidades españolas que asciende gradualmente, a lo largo de los cuatro años de contrato, desde los 15.888 a los 21.279 euros anuales. Hasta ese momento, los predoctorales de la UVa recibían un sueldo de 13.800 euros anuales, y la situación no ha cambiado.

 

En principio, la cuantía de las nóminas de los investigadores debía haber aumentado de manera automática, pero esto no ha sido así. Las universidades solicitaron un informe jurídico a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para ver cómo llevar a cabo la subida, y la asociación determinó en mayo que las instituciones académicas debían aplicar cuanto antes el EPIF. Algunas como la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ya lo han hecho, pero la Universidad de Valladolid no es una de ellas.

 

La UVa asegura que está coordinada con el resto de universidades públicas de Castilla y León para buscar soluciones a las personas que se encuentran en esta situación. En concreto, son 226 los investigadores predoctorales contratados directamente por la institución vallisoletana, a los que hay que añadir los que tienen contratos de la Junta de Castilla y León y del Ministerio para este mismo fin.

 

Según el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, Óscar Martínez Sacristán, la universidad sigue a la espera de “ver la aplicación del EPIF y del resto de universidades españolas, ya que algunas de las cuales han interpuesto recurso por contemplar subidas que no tenían previstas en sus presupuestos”, pero está justificación no convence a los doctorandos.

 

Según comentan los investigadores, “la Universidad de Valladolid tiene fondos suficientes para realizar el pago del sueldo sin tener que recortar en otras partidas, pues lleva desde los años de la crisis cerrando sus cuentas con superávit”, por lo que exigen que la subida se haga efectiva este mes de junio, o, al menos, que exista un compromiso escrito por parte de la institución de que pagarán el sueldo acordado en el EPIF en un plazo determinado y adecuado. Si esto no ocurre, amenazan con movilizaciones en los próximos días.

 

Por su parte, la Universidad de Valladolid promete que pagará a los predoctorales una vez que la CRUE y el propio Gobierno aclaren mejor los términos en los que debe procederse a este pago, ya que según indica Martínez Sacristán “por ejemplo, el mismo Ministerio está pendiente de pagar también a sus propios predoctorales”.

 

QUEJAS DE LOS INVESTIGADORES FPI

 

Por otro lado, también se han quejado de su situación los investigadores predoctorales contratados por el Ministerio, a los que antes se hacía alusión. Desde el colectivo de investigadores predoctorales de la convocatoria FPI (Formación del Personal Investigador) 2018 aseguran sentirse desatendidos por el órgano que dirige Pedro Duque.

 

Las condiciones de estos doctorandos no dependen, en este caso, de la Universidad de Valladolid, sino del Ministerio de Ciencia e Innovación, y afirman que llevan desde octubre de 2018 en espera de que se publique la Resolución de Concesión de la convocatoria. Esa resolución es el documento con el cual podrán pasar a firmar sus contratos laborales.

 

El grupo de investigadores FPI 2018 explica lo siguiente: “En las propias bases de la convocatoria se indica que la publicación de este documento tendrá lugar como máximo seis meses después del inicio del proceso, es decir, el 8 de abril. Sin embargo, en la convocatoria añaden que se pueden prorrogar estos plazos un máximo de dos meses más, hasta el 8 de junio, por el periodo de evaluación de las solicitudes. Hemos visto que este proceso de evaluación ha durado dos meses y medio por lo cual ya se han incumplido las bases por parte del Ministerio de Ciencia en una ocasión, y lo más grave es que ahora nos comunican que probablemente la resolución saldrá en julio, es decir, un mes más tarde del plazo máximo con prórrogas que estipula las bases de la convocatoria.”

 

Para muchos de los jóvenes investigadores que están a la espera de firmar este contrato, esta situación significa no poder entrar en nómina hasta septiembre, dado que el inicio del contrato se produce el día 1 en uno de los tres meses posteriores a su firma, es decir, si firman en julio como todo parece indicar, no podrán incorporarse hasta agosto, septiembre u octubre “y en agosto las administraciones funcionan bajo mínimos o no funcionan, así que en la práctica será septiembre como pronto” afirman.