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Los afectados por la gestión en las residencias piden al Procurador del Común "vigilar y velar" por los derechos de los mayores

Lamental el “claro deterioro físico y cognitivo” en los residentes que están sufriendo medidas que les privan de sus contactos “afectivos, emocionales, vitales y sociales”

Los miembros de la plataforma de afectados por la gestión de las residencias de mayores en Castilla y León han remitido un escrito en el que solicitan al Procurador del Común que inste a las administraciones competentes, en especial la Junta, así como diputaciones provinciales y ayuntamientos, al cumplimiento de la normativa en relación con estos centros y que las medidas para prevenir el contagio por COVID “no sean arbitrarias, opacas y lesivas para la salud y bienestar de los residentes y sus familiares”, pero especialmente se proceda a “vigilar y velar” por los derechos fundamentales de los residentes. 

 

El colectivo recuerda en su misiva los derechos y deberes de los ciudadanos de la Comunidad que recoge el propio Estatuto de autonomía. Además, en alusión al Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León publicado por la Junta, pusieron en duda el cumplimiento de algunas de ellas, como la organización en espacios estructurados en unidades de convivencia, conformadas por grupos pequeños de usuarios atendidos siempre por los mismos profesionales.

 

“Esto no está ocurriendo en la mayoría de los casos”, recogió el colectivo, quien estimó que los planes de contingencia deberían estar a disposición de los usuarios y familiares siempre pero “más teniendo en cuenta las restricciones que se establecen en muchos centros”. De hecho, consideraron que la reducción de las visitas por parte de los familiares “parece más enfocada a ocultar el incumplimiento de las medidas higiénicas”. “¿Tenemos constancia de que se cumple lo indicado en dicha guía?”, se preguntaron.

 

La plataforma dijo estar impresionada por la “numerosa legislación” en la materia para luego “llegar a permitir, consentir y padecer con absoluta desidia de la Junta ante el confinamiento absoluto de la población residente en centros o residencias de mayores sin ningún control, sin ninguna información por escrito a los propios residentes ni a sus familiares, sin ninguna justificación médica ni epidemiológica”, lamentaron. 

 

De la misma forma, trasladaron su “malestar” por la reducción “drástica” de las visitas de los familiares a los centros, que están causando “un profundo malestar” tanto en los residentes como en los familiares. “Son numerosos los casos en que los familiares y especialistas en geriatría están constatando un claro deterioro físico y cognitivo en los residentes que están sufriendo medidas arbitrarias que les privan de sus contactos afectivos, emocionales, vitales, sociales y nos tenemos que también en muchos casos de los servicios asistenciales que deberían recibir”, aseveraron. 

 

En esta línea, entendieron que “claramente” a la gran mayoría de los residentes, a fecha de hoy, se les está negando “una mínima calidad de vida” que “con gran frialdad y opacidad” están sufriendo las familias y amistades.

 

“Es absolutamente contradictorio que un ciudadano residente en una residencia de mayores pueda ser visitado muy poco y en muchos casos entre cristales, pero si sufren una caída y se rompen una cadera los familiares pueden estar durante su ingreso hospitalario las 24 horas con él”, reflexionaron, y sentenciaron que “no hay justificación posible de estas medidas de aislamiento tan severas, pero mucho menos sin control, vigilancia, justificación y acompañamiento integral de medidas y protocolos por cada centro”.

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