Las Cámaras de Comercio, obligadas por el Gobierno a celebrar nuevas elecciones

El Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Zamora. Foto: Cámara

El Ministerio de economía pone en marcha el proceso electoral para todas las Cámaras, que tendrán que haber celebrado elecciones antes de octubre de 2018.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden Ministerial de apertura del proceso electoral en las Cámaras de Comercio, que se extenderá entre el próximo 2 de octubre y el 30 de septiembre de 2018. Con este hito concluye el proceso de modernización de las Cámaras derivado de la Ley Básica de 2014, en virtud de la cual se configuran como una herramienta más ligada a las necesidades de las empresas, orientadas a la prestación de servicios y reafirman su carácter de instituciones básicas para el desarrollo económico y empresarial.

 

Este anuncio obliga a celebrar elecciones en todas las Cámaras de Comercio de todas las comunidades, también en las nueve de Castilla y León, ya que la orden es nacional y a la Junta de Castilla y León le corresponde tutelar el proceso. Varias de las Cámaras provinciales y locales han celebrado elecciones recientemente y ahora tendrán que repetirlas con un plazo de poco más de un año.

 

Tal como establece la Ley Básica de Cámaras de 2014, corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad determinar la apertura del proceso electoral de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, previo acuerdo con todas las comunidades autónomas. Este acuerdo se alcanzó, por unanimidad, en la Conferencia Sectorial del pasado 21 de abril.

 

El mandato general de cuatro años de los actuales órganos de gobierno de las Cámaras se encuentra prorrogado desde las últimas elecciones, celebradas en 2010. Tras la entrada en vigor de la Ley de 2014, las comunidades autónomas debían adecuar sus respectivas leyes al nuevo marco normativo y después abrir los procesos electorales en cada uno de los territorios.

 

 

Hasta el momento, seis comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura) no han concluido la adaptación a la nueva Ley pero todas ellas están tramitando sus correspondientes normas. Las comunidades autónomas deberán convocar el proceso electoral y tutelar su desarrollo.