La remunicipalización de los servicios puede conllevar efectos adversos en el empleo, según expertos

A. MINGUEZA

Consideran la cuestión como "ideológica" y "no social" y advierten de su repercusión en el empleo, eficiencia y sostenibilidad de los servicios

El grupo de expertos que forman parte de la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos alerta en el libro 'Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?' de los posibles "efectos adversos" que la remunicipalización de estos servicios podría conllevar tanto en el empleo, como en su eficiencia y sostenibilidad.

 

En la redacción del libro, coordinada por Carlos Díaz Güell, han participado el economista y presidente de la asociación, Ramón Tamames; el exministro de Trabajo Valeriano Gómez; el jurista Jesús Sánchez Lambás; el ingeniero y consultor Ramiro Aurín, y el economista y abogado Lorenzo Dávila.

 

Esta publicación es una iniciativa del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) y lo que pretende es "estudiar y analizar" el nivel de calidad con el que se prestan los principales servicios municipales en España y actuar "en defensa de los consumidores y usuarios, así como de los contribuyentes para que reciban servicios de excelencia para la vida diaria".

 

Durante la presentación, los autores han insistido en que esta remunicipalización responde a una cuestión "ideológica" y "no social" promulgada por una serie de ayuntamientos "de corte populista", doce de los cuales firmaron el pasado 4 de noviembre una declaración "dogmática" a favor de dicha gestión pública "sin explicar por qué", como ha resaltado Tamames durante la presentación celebrada este miércoles en Valladolid, la primera que se realiza de este libro y que se repetirá en Madrid el próximo 10 de mayo.

 

Por su parte, Jesús Sánchez Lambás ha defendido que "para que exista democracia, tiene que haber mercado", tras lo que ha advertido de que algunas de estas políticas "supuestamente progresistas" resultan "tremendamente lesivas para el interés general".

 

Lorenzo Dávila ha enfatizado que los criterios de estabilidad imperantes en la Administración local "limitan" su capacidad de inversión para dotar de calidad estos servicios prestados mediante una gestión cien por cien pública, algo que afecta especialmente a las ciudades de mediano y pequeño tamaño, que no tienen la posibilidad de asumir una gestión eficiente de forma autónoma como sí las megalópolis.

 

TRABAJO EN RED

 

Así pues, para el resto, este objetivo pasa por "el trabajo en red" a través de empresas que operen y presten estos servicios en distintos municipios que se beneficiarían de sus recursos, conocimiento e innovación. Además, ha advertido del "coste de oportunidad" de dedicar fondos a estos servicios en lugar de a otras necesidades.

 

Valeriano Gómez ha aclarado que "ni la gestión privada ni la pública son superiores 'per se' y ha recordado que existen "magníficos ejemplos" de gestión a través de empresas públicas, privadas o mixtas, si bien ha subrayado los "problemas laborales" que podrían generarse puesto que la asunción de estas prestaciones por parte de la Administración no implica la subrogación automática de los trabajadores de estas sociedades, como ha ocurrido con el caso de los trabajadores de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Madrid, con la correspondiente "incertidumbre" para estos empleados.

 

Ramiro Aurín ha considerado esta tendencia a la remunicipalización como un "planteamiento arcaico" de una ciudad "que ya no existe" y ha sentenciado que se ha de contreponer "la ciudad del futuro a la del pasado, la de las alianzas frente a las de las barricadas y la de la ciencia frente a la de la burocracia".

 

Por último, Carlos Díaz Güell ha defendido que "no hay en España ningún servicio privatizado", sino "concesiones de gestión a empresas privadas".

 

La asociación, que ha desarrollado su trabajo "sin apriorismos" sobre la conveniencia de una gestión pública o privada, ha invitado a participar en su foro a empresas como Acciona, ACS, Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, Endesa, Ferrovial, FCC, Gas Natural Fenosa, OHL o Sacyr, como vía para obtener recursos con los que desarrollar su actividad, según ha explicado Tamames, quien ha destacado la ausencia de un sistema de regulación sobre la prestación de servicios públicos, al contrario que en otros países de Europa, y ha propugnado su establecimiento, momento en el cual "la asociación dejaría de existir" por haber cumplido su objetivo vital.