La Policía Nacional detiene a 23 personas dedicadas a la 'sextorsión' de usuarios de páginas de contactos sexuales

Operación Mistral. Foto: Policía Nacional.

La organización desmantelada, que llegó a obtener más de 100.000 euros de su actividad delictiva, habría extorsionado a 80 personas en 24 provincias distintas de toda España.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los 23  integrantes de una organización criminal dedicada, presuntamente, a cometer delitos de extorsión utilizando como cebo diversos anuncios de contactos sexuales en diferentes páginas web. Las víctimas recibían amenazas si no abonaban grandes cantidades de dinero, pagos que finalmente hacían por el temor y la vergüenza a que se hiciera público que usaban páginas de citas. La operación, desarrollada en Valencia y Teruel, ha permitido desmantelar una red que llegó a obtener más de 100.000 euros mediante estas extorsiones, esclareciéndose 80 denuncias interpuestas en varias provincias de España, entre ellas Valladolid.

 

Las primeras denuncias fueron interpuestas en el mes de febrero de 2018. Los denunciantes indicaron que habían contactado con las chicas a través de determinados anuncios publicados en páginas web de contactos, siendo embaucados por las chicas para continuar las conversaciones por otro teléfono y así concertar una cita. 

 

Posteriormente, la víctima comenzaba a recibir llamadas telefónicas o mensajes que le exigían dinero por el tiempo que había estado hablando con la chica por la aplicación de mensajería instantánea. Si el encuentro entre ambos llegara a producirse, se solicitaba un nuevo pago indicando que era un sobrecoste por los servicios realizados.

 

AMENAZAS DE DAÑOS A FAMILIARES

 

Para persuadirles, los autores amenazaban con acudir a verle en persona o con poner en conocimiento de sus familiares el uso de páginas web para contratar diversos servicios sexuales. En ocasiones, intimidaban asegurando que ejecutarían algún tipo de lesión tanto a la víctima como a sus seres más allegados, cuyos datos obtenían mediante ingeniería social. La organización se aprovechaba de la presión que suponía para la víctima la posibilidad de que su familia conociese el uso de esas páginas de carácter sexual y de los servicios de prostitución. De este modo conseguían vencer su voluntad y que accediesen a las peticiones de pago de los extorsionadores.

 

Con el objetivo de incrementar la presión sobre la víctima, en los perfiles de Whatsapp utilizaban imágenes de personas de complexión fuerte y, para dificultar su identificación, utilizaban tarjetas de telefonía dadas de alta con identidades falsas. Los mensajes que las víctimas recibían contenían frases como: “Me voy a ver obligado a ir a por ti”, “vas a pagar de una forma u otra”, “me duele que voy a tener que joder a tu familia por tu culpa” o “si sigues mis pasos, si no quieres que tu mujer ni nadie se entere: seiscientos euros”.

 

Por ello, las víctimas realizaban grandes desembolsos de dinero en diversas cuentas bancarias. Realizados los pagos en las cuentas que la organización controlaba, el dinero era extraído por personas que se llevaban una comisión por dar de alta las cuentas a su nombre y por realizar las extracciones. Seguidamente, entregaban el dinero a otro miembro de la organización para que lo hiciera llegar a los superiores de la organización.

 

Tras diversas gestiones, los agentes obtuvieron las filiaciones tanto de las víctimas como de los titulares de las mencionadas cuentas e identificaron a aquellas personas que, sin ser titulares de las cuentas bancarias, realizaban operaciones de extracción del dinero obtenido. 

 

Una vez analizada toda la información obtenida, los agentes pusieron en marcha el correspondiente dispositivo operativo y arrestaron en Valencia a 19 personas pertenecientes al entramado delincuencial. Posteriormente fueron detenidas otras cuatro en Teruel y Valencia. Los policías realizaron dos registros en la ciudad de Valencia donde localizaron multitud de documentación relacionada con los hechos.

 

Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias distintas –Albacete, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Elche, Badajoz, Huelva, Huesca, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ibiza, Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza-. Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión.