La patronal quiere que el Estado pague los primeros siete días de una baja justificada

CEOE no se opone a la derogación del despido por acumulación de bajas justificadas, que va a ser derogado, pero quiere que la administración lo compense pagando la primera semana completa.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que desde la patronal no se oponen a la derogación anunciada por el Ministerio de Trabajo del despido por bajas justificadas, pero "los primeros siete días, sobre todo en el caso de las pymes, los debería pagar la Administración". El despido por acumulación de bajas es 'ilegal' desde este jueves y el martes será refrendado en el Consejo de Ministros.

 

Así lo ha manifestado durante su visita a la Federación Empresarial segoviana con cuyo comité ejecutivo, presidido por Andrés Ortega, ha mantenido una reunión "para conocer en terreno la realidad de la economía" de la provincia. Garamendi ha incidido en que "se ha generado una cierta alarma social" en torno a esta cuestión, que viene como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se avaló este tipo de despidos argumentando la "libertad de empresa y la defensa de la productividad" pero que, "nunca se había planteado anteriormente, cuando esta norma lleva treinta y tantos años".

 

Según el presidente de la CEOE, habría que profundizar mucho más en este tema, "porque también hay que hablar del absentismo profesional, que es una realidad en España". Garamendi ha recordado que la Reforma Laboral, que cumple diez años ahora, "consiguió que muchas empresas no cerraran durante la crisis y la generación de medio millón de puestos de trabajo al año gracias a la internacionalización de la empresa española". Cuando desde el Gobierno se habla de resolver "los aspectos más lesivos" de la misma, "nosotros preferimos hablar de mejoras".

 

La CEOE está abierta al diálogo en la mesa de negociación con Gobierno y sindicatos, pero considera que hay temas de los que "no se va a poder hablar", como es el caso del la opción que baraja el Gobierno de limitar las subcontrataciones a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, "porque es un tema laboral, no de empresa", según ha indicado Garamendi.

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