La organización que estafó a bancos entre 2009 y 2010 en Valladolid acepta penas de 27 años de cárcel

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Quince de diceciséis integrantes aceptan 27 años en vez de los 82 pedidos por Fiscalía. La única que se ha declarado inocente es la actual directora de la oficina del Santander en Cigales.

Quince de los dieciséis presuntos integrantes de una organización que entre los años 2009 y 2010 estafaron a distintos bancos y entidades de Valladolid más de 800.000 euros en operaciones de compra de viviendas, vehículos y otros bienes muebles han reconocido este lunes su culpa y han aceptado penas que en su conjunto se elevan a 27 años de cárcel, en lugar de los 82 que inicialmente solicitaba la Fiscalía.

 

La sentencia pactada por la práctica totalidad de los encausados ha permitido que el juicio, inicialmente programado para ésta y la próxima semana, concluyera este mismo lunes con tan sólo pendiente de dirimir la condena que recaerá en la todavía directora de la sucursal del Santander en Cigales, Nuria S.M, única que ha mantenido su inocencia y para la que el fiscal solicita una pena de seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento privado.

 

En cuanto a los autores confesos, Rafael M.F, Julio J.J. y Gianfranco V, principales 'cabecillas' de la trama y quienes se exponían inicialmente a nueve años de cárcel cada uno, han logrado acuerdos para reducir las condenas a dos años y ocho meses -serán los únicos que tendrán que ingresar en prisión-, mientras que los otros doce compañeros de banquillo han dado el visto a penas que oscilan entre los seis meses y un día, veintiún meses y dos años de privación de libertad, con las multas correspondientes, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

En concepto de responsabilidad civil, cifrada en más de 800.000 euros, los procesados han satisfecho ya las indemnizaciones a las entidades perjudicadas, tanto en metálico como mediante la entrega de distintos inmuebles en dación en pago, gracias a la negociación con el fiscal liderada por el letrado Jesús Sebal Díez, representante legal de dos de los principales inculpados.

 

"LA PAYA ESTABA COMPRADA"

 

 La vista ha quedado por tanto reducida al interrogatorio de la directora del Santander en Cigales, Nuria S.M, a quien se imputa haber actuado en connivencia con la organización para abrir en junio de 2010 una cuenta a uno de los acusados, a sabiendas de que estaba recibiendo una vida laboral y nóminas falsas, con el fin de que éste, quien ni siquiera llegó a personarse en la sucursal para estampar su firma, pudiera solicitar un préstamo por importe de 22.000 euros para la adquisición de un vehículo.

 

La operación no pudo llevarse a cabo debido a la intervención de la Policía Nacional, que se presentó en la entidad, detuvo a la directora y la mantuvo en tal situación en comisaría durante dos días.

 

La procesada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sostenido que no estaba compinchada con sus compañeros de banquillo y ha negado también que estuviera al corriente que la documentación recepcionada fuera falsa, y ello a pesar de distintas escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la organización en las que éstos afirman que "¡la paya está comprada, vaya que lo está!"

 

Incluso uno de los acusados, Julio J.J, pese a haber pactado dos años y ocho meses de cárcel, ha aceptado declarar en el juicio en contra de la directora de la entidad, de la que ha ratificado que "la paya estaba comprada" y que percibía una comisión de entre 1.500 y 2.000 euros.

 

El defensor de la aludida, que ha pedido un fallo absolutorio, ha calificado de auténtico "chiste" el testimonio de Julio J.J. y ha pedido a la sala que no dé valor alguno a la declaración de un "coimputado", máxime cuando ni en su declaración ante la policía ni ante el juez hizo constar que la empleada del Santander estuviera al corriente de tales operaciones irregulares. "¡Parece ahora que su palabra es la del Papa!", ha espetado el abogado en tono irónico.

 

Las operaciones objeto de investigación en la presente causa se registraron durante los años 2009 y 2010, periodo en el que Rafael M.C. dirigió y organizó operaciones de compra de pisos, turismos y otros bienes muebles, desde instrumentos musicales, ropa infantil, recargas telefónicas y disposiciones en gasolineras, mediante la aportación de nóminas y otros documentos falsos para dar apariencia de legalidad.

 

COOPERACIÓN DE 'TESTAFERROS'

 

Para ello contó con la colaboración de sus otros dos supuestos lugartenientes, Julio J.J. y Gianfranco V, titular de una inmobiliaria en la Avenida de Segovia, con los que confeccionó nóminas y contratos de trabajo ficticios que entregaban al resto de procesados, éstos en calidad de 'testaferros', para que a cambio de una cantidad determinada de dinero se prestaran a figurar como solicitantes de créditos hipotecarios para la adquisición de los inmuebles y vehículos u otros efectos, como instrumentos musicales, ordenadores, una impresora, ropa infantil...etc.

 

El ardid está en que una vez presentada la documentación y obtenidos los préstamos, los encausados dejaban de pagar las cuotas de amortización y desviaban para sí mismos parte o todo el dinero obtenido en cada operación o se apoderaban de los bienes muebles, sin abonar su importe.