La juez instructora del 'cambiazo' de ataúdes en Valladolid rechaza el archivo pedido por 8 de los investigados

E.P.

Añade que no está concluida la instrucción de la causa y que se encuentra pendiente la práctica de numerosas diligencias.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de la investigación de la 'Operación Ignis' sobre el supuesto 'cambiazo' de ataúdes por parte del Grupo Funerario El Salvador, ha rechazado el sobreseimiento de diligencias contra ocho de los investigados que así lo habían pedido por escrito.

 

En su auto, la juez del caso basa la desestimación de tal petición en que "a la vista del estado de la tramitación de las presentes diligencias previas, se considera prematuro adoptar una decisión sobre el sobreseimiento de las actuaciones respecto de alguno/s de los investigados", según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

De hecho, la instructora añade que no está concluida la instrucción de la causa y que se encuentra pendiente la práctica de numerosas diligencias, entre ellas las interesadas por el Ministerio Fiscal, las declaraciones de investigados y testigos ya señaladas y una diligencia fundamental cual es contar con el resultado del análisis de la documentación incautada.

 

"Cuando se haya concluido la instrucción de la causa y a la vista de todas las diligencias practicadas, se adoptarán las correspondientes decisiones sobre la continuación del procedimiento o el sobreseimiento de las actuaciones respecto de cada uno de los investigados", concluye la juez.

 

Contra la decisión de la instructora cabe la interposición de recurso de reforma por parte de los interesados y, subsidiariamente, de apelación ante la Audiencia Provincial.

 

El Juzgado de Instrucción 6 investiga, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.

 

Los firmantes de estos escritos de solicitud de archivo, rechazados, son José Luis L.G, Isidro M.A, Raúl Ll.M, Eladio G.M, José Antonio M.A, Felicísimo A.G, Maria Rosario M.V. y Rosario V.L, quienes basaban su petición en la falta de indicios racionales de su participación en los hechos investigados.

 

La petición se produjo tras las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción 6, donde recayó la causa, y que han consistido en el interrogatorio, entre los pasados días 10 de mayo y 12 de julio, de los veinticinco investigados, entre ellos el magnate del negocio funerario Ignacio Morchón Alonso y sus dos hijos Ignacio y Laura, y en la toma de declaración a distintos testigos y familiares de fallecidos a los que se habría dado el 'cambiazo' de ataúdes.

 

El propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, salió en libertad provisional el pasado mes de junio tras permanecer preso desde el día 2 de febrero y una vez garantizada fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.

 

La 'Operación Ignis' desarrollada por la Policía Nacional investiga un periodo de 20 años de actividad del Grupo Funerario El Salvador en el que, supuestamente, los investigados practicaron el 'cambiazo' a un total de 6.000 ataúdes por otros más baratos con el fin de reutilizarlos para otros sepelios, además de hacer lo propio con las coronas de flores.

 

El pasado mes de marzo la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respaldó la declaración del caso como causa compleja por corrupción, atendiendo a la clase de delitos por los que se sigue, en particular, delito fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como por la pluralidad de personas investigadas, la existencia de organización criminal, el elevadísimo número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la especial complejidad de la instrucción, al tiempo que informó favorablemente la petición de apoyo de la instructor en cuanto a refuerzo de personal.