La Fiscalía y las acusaciones del caso Vibolid rechazan la insolvencia de la acusada

"Mala fe", "engaño", "dolo", "maquinación fraudulenta" y "abuso de confianza", son algunos de los muchos calificativos que la fiscal y las dos acusaciones particulares han utilizado en sus informes definitivos a la hora de analizar la conducta de Julia M.H, la dueña de Viajes Vibolid.

La única discrepancia radica en la calificación jurídica de los hechos, ya que la acusación pública entiende que la operadora de viajes cometió un delito continuado de apropiación indebida y, alternativamente, de estafa, mientras que las otras dos particulares los tipifican a la inversa, con peticiones de seis años de cárcel por parte de la fiscal y del letrado que representa al grueso de damnificados y de cuatro en el caso del acusador que defiende los intereses de un matrimonio perjudicado.

 

En lo que las tres acusaciones coinciden es que Julia M.H, en el periodo que transcurre entre julio de 2013 y agosto de 2014, cuando sorpresivamente echa el cartel de "cerrado por vacaciones" y deja a toda su clientela 'colgada', fue en todo momento "consciente de que no podía atender la gestión de los viajes encomendada" y pese a ello siguió recibiendo cantidades a cuenta del medio centenar de damnificados, buena parte de ellos extranjeros que acudieron a sus oficinas al reclamo de precios muy económicos y de los que obtuvo más de 82.000 euros que no ha devuelto.

 

En su informe recogido por Europa Press, la fiscal ha sido taxativa al negar insolvencia económica alguna de la procesada, tal y como entiende probado al analizar las cuentas que tenía en Bankinter y Caja Rural de Soria, en las que se observan "flujos de dinero", y pregunta "donde están esas cantidades que ella dice que empleó en concepto de gastos".

 

"La situación económica de la empresa no es de insolvencia, no es ésta la causa que le lleva a no atender a sus clientes", insiste la acusación pública, que, en cambio, sí advierte de que uno de los hechos que muestran el "dolo" o intención de Julia M.H. es que llegó a operar sin la póliza de responsabilidad civil--no la llegó a renovar con Catalana Occidente--y por tal motivo la Junta le rescindió la licencia de actividad en julio de 2014.

 

AGRAVANTES

 

Pero además, recuerda que sólo las presiones de los clientes, y una vez que conoció que había sido denunciada, devolvió algunas cantidades "ínfimas", 619 y 422 euros, el 18 y 20 de agosto de 2014, respectivamente, de ahí su decisión de mantener contra ella su petición de cárcel al aplicarle las agravantes por el valor de lo apropiado--supera los 50.000 euros y la multitud de afectados--y de reincidencia, al contar con una condena anterior por idénticos hechos, junto con la alarma social que su conducta generó en la sociedad vallisoletana.

 

Asimismo, la fiscal, de conformidad con las otras dos acusaciones, ha pedido a la sala que mantenga a la procesada en situación de prisión provisional ante el evidente "riesgo de fuga", en alusión a la huida por ella protagonizada a Polonia para eludir el presente juicio y que obligó a la Audiencia Provincial a emitir la primera euroorden de extradición en su historia.

 

En idéntica línea argumental se han posicionado las dos acusaciones particulares, que han recordado además el acuerdo previo que alcanzaron en su día con la procesada para que asumiera su culpa y que luego ésta se saltó con su fuga a Polonia.

 

"Se había ganado nuestra confianza, al igual que ha venido haciendo con su clientela. No muestra el más mínimo signo de arrepentimiento ni de devolver el dinero estafado. Se mueve constantemente en el engaño para lucrarse personalmente causando un daño económico y moral a sus clientes", ha censurado el acusador que aglutina a la práctica totalidad de damnificados.

 

El segundo de los acusadores particulares, quien representa a un matrimonio dominicano cuyos dos hijos menores quedaron sin billetes en Santo Domingo y tuvieron que ser repatriados un mes después a Valladolid con el curso ya iniciado, ha reclamado no sólo la cantidad supuestamente estafada por la acusada sino también una cuantía "simbólica" por el grave daño moral causado a sus clientes.

 

Ambas acusaciones han denunciado públicamente la gestión de la Consejería de Cultura y Turismo por permitir que la acusada operara pese a no contar ni con póliza de responsabilidad civil ni con licencia, si bien el presidente del tribunal sentenciador ha llamado la atención a los dos letrados al recordarles que la Administración regional no figura en el banquillo de los acusados.

 

En el lado opuesto, la defensora de la titular de Viajes Vibolid no sólo ha llegado a justificar la huida de su patrocinada a tierras polacas, fruto de la presión social y del "acoso" sufrido por parte de sus clientes, sino que ha basado su petición absolutoria--enmarca los hechos, en todo caso en la jurisdicción civil--en los problemas económicos que la propia Julia alegó durante el juicio al operar con precios muy ajustados para salvar la competencia de otras agencias mayores.

 

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