La Feria de Valladolid, entre el déficit y el deber de transparencia

Ayuntamiento de Valladolid, Diputación, Junta y Cámara de Comercio son los socios del consorcio que dirige esta entidad, a la que el concejal no adscrito Jesús Presencio ha acusado de no cumplir con la Ley por no presentar "nunca" su contabilidad.

Jesús Presencio, el concejal no adscrito en el Ayuntamiento, ha puesto la lupa en la Feria de Valladolid. Primero denunció "irregularidades" en la contratación del nuevo director, Alberto Alonso, y acusó al saliente de "quedarse como asesor" a pesar de "cobrar pensión como jubilado" (Óscar Puente declaró a principios de diciembre que el hasta ahora director realizará una "colaboracíon desinteresada" durante tres meses). Pero no solo eso sino que el ex de Ciudadanos plantea que existen "dudas razonables" sobre un consorcio que "no está regulado como debiera de estar acorde a lo que dice la Ley 40/2015" del Régimen Jurídico del Secotr Público. Pero, ¿cómo funciona la Feria de Valladolid?

 

Además, Presencio solicitó al Ayuntamiento de Valladolid, en un acta registrada el 28 de diciembre y dirigida al alcalde Óscar Puente, el concejal de Hacienda Antonio Gato y el interventor Rafael Salgado la "suspensión inmediata de las aportaciones económicas realizadas" por el consistorio, y una auditoria externa de las cuentas.

 

Antonio Gato es uno de los que acuden a los plenos del consorcio de la Feria de Valladolid. El concejal  asegura que el Ayuntamiento "vela porque se cumpla la normativa pero el que tiene la obligación legal es el consorcio y sus órganos", y remite al informe realizado por el interventor del Ayuntamiento mediante el cual solicitó "todo lo que tenía que cumplir la Feria: presupuestos con criterios públicos, lo relativo a las normas de contratación y la modificación de los estatutos".

 

El consorcio de la Feria de Valladolid está formado por cuatro socios. El Ayuntamiento de Valladolid, con el 33% de participación, la Cámara de Comercio con otro 33%, y el otro tercio repartido entre la Junta de Castilla y León y la Diputación provincial. Sus representantes forman el pleno (compuesto por representantes de todos los partidos políticos, y que actualmente preside la consejera de Hacienda de la Junta Pilar del Olmo) y eligen a los órganos de dirección, de quienes dependen el cumplir la normativa.

 

EN MARCHA LOS NUEVOS ESTATUTOS

 

"El borrador de la modificación de estatutos está en camino" asegura Antonio Gato, quien adelanta que "se van a aprobar en 2018, no se pueden demorar más, el interventor ha dicho que hay que aprobarlo ya". El primer borrador de esa modificación no se aprobó en el pleno y ahora está pendiente de que cada socio realice sus alegaciones. Después de eso el pleno de la Feria de Valladolid convocará un pleno extraordinario para aprobarlos, y el proceso finalizará con la aprobación en pleno por parte de cada uno de los socios en sus respectivos órganos.

 

"Nosotros asumimos al cien por cien la postura del interventor, pero es la Feria la que tiene que cumplir con los criterios de transparencia" defiende Gato sobre la postura del consistorio vallisoletano. Mientras que Jesús Presencio contraataca asegurando que "los ayuntamientos usan los huecos de la Ley para hacer lo mismo que los grandes capitales, evadir obligaciones, y además estos entes han sido tradicionalmente en España para colocar a los amiguetes y puentear las leyes de financiación de los ayuntamientos".

 

En la página web de la Feria de Valladolid no aparecen los presupuestos publicados, tal y como indica la normativa sobre transparencia, y a primeros de enero de 2018 tampoco aparece actualizado el cambio de dirección, aunque sí viene desgranado el organigrama del consorcio, con Puente y Carnero como vicepresidentes. Una falta de publicidad, la de los presupuestos, que según Presencio viene de siempre ya que "nunca" el consorcio ha presentado su contabilidad.

 

UN DÉFICIT ESTRUCTURAL

 

Además de la no publicación de las cuentas, algo que se podría subsanar con la aprobación de los nuevos estatutos, la Feria de Valladolid arrastra un déficit económico que supone que cada año los socios tengan que aportar dinero para cubrir los costes, ya que el consorcio no genera ingresos suficientes.

 

Gato informa que el presupuesto de la Feria para este 2018 es de 2,9 millones de euros, "y solo tiene ingresos propios por 2,3 millones", lo que supone que entre los cuatro socios deben aportar 600.000 euros. En 2017 el déficit fue de un millón de euros, según el concejal que además es vocal del pleno del Consorcio (junto con Saravia -VTLP-, Toño Bermejo -PP-, Charo Chávez (Sí Se Puede), Pilar Vicente (C's), cinco representantes de la Cámara de Comercio, tres de la Junta y uno de la Diputación).

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