La Diputación pide a la CHD la construcción de 14 embalses en la cuenca y la regulación de los ríos Cea y Valderaduey
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La Diputación pide a la CHD la construcción de 14 embalses en la cuenca y la regulación de los ríos Cea y Valderaduey

ICAL

En las alegaciones presentadas al Plan Hidrológico del Duero también reclama una simplificación de la regularización de los derechos de las aguas subterráneas

La construcción de 14 nuevos embalses, la regulación de los ríos Cea y Valderaduey y el recrecido de los embalses de Barrio de Luna (León), Porma (León), Requejada (Palencia) y Santa Teresa (Salamanca), son algunas de las propuestas de la Diputación de Valladolid y del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla y León que se recogen en las alegaciones que han presentado hoy ante la CHD de cara a la reforma del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero.

 

A su vez, ambas instituciones proponen incrementar la capacidad de regulación de la Cuenca, actualmente en el 31 por ciento, muy por debajo de otras cuencas como Ebro (50 por ciento), Tajo (90 por ciento), Guadalquivir (115 por ciento) o Guadiana (218 por ciento), lo que supondría incrementar los recursos hídricos disponibles.

 

De esta forma, según argumenta en el documento de 24 páginas registrado hoy en la sede de la CHD y que ha sido coordinado por 20 colectivos agrícolas y sociales contra la reforma del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica, se ayudaría a solventar otros problemas derivados de los efectos del cambio climático, aumentando el almacenamiento en años de mayor pluviometría y evitando inundaciones, además de permitir el establecimiento de caudales ecológicos acordes al mantenimiento de la biodiversidad de la cuenca, sin que suponga una restricción del uso del agua por los regantes.

 

Además, dentro del apartado de sostenibilidad del regadío, se propone el recrecido de los embalses de Castrovido (Burgos), Compuerto (Burgos), Villameca (León), Aguilar (Palencia), Cuerda del pozo (Soria) y Las Cogotas (Ávila), así como mantener el desarrollo completo de las zonas de la Armuña (Salamanca) y Payuelos (León).

 

En materia de uso de aguas subterráneas, se plantea la necesidad de facilitar al usuario la regularización de los diferentes derechos inscritos mediante procesos jurídicamente seguros y eficaces, pero con una tramitación sencilla y breve, sin que, “en ningún caso, esta regularización ampare peajes que supondrían una penalización a aquel usuario que pretende la adaptación del aprovechamiento a la legalidad vigente”.

 

Asimismo se propone una regularización de oficio de todos aquellos aprovechamientos que demuestren que están en funcionamiento desde el momento en que recibieron la autorización de la administración competente y con las dotaciones y superficies con las que fueron autorizados y funcionaron con anterioridad al 1 de enero de 1986.

 

Además de la Diputación de Valladolid y del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, el documento cuenta con el respaldo de UCCL, Asaja, COAG, Urcacyl, la Asociación de Aguas Subterráneas de Castilla y León, la CUAS Tierras de Medina, la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas, la Comunidad de Regantes de Geria-Simancas-Villamarciel, la Mancomunidad Tierras de Medina, la Mancomunidad Tierras del Adaja, la Mancomunidad Rio Eresma, la Mancomunidad La Churrería, la Mancomunidad Vega del Duero, Empresa Agraria de Castilla y León, Agronews Castilla y León, además de otras empresas y particulares.

 

El diputado de Asesoramiento a Municipios, Fernando Esteban, aseguró que se “busca defender a los agricultores y ganaderos, así como, en general, a todas las personas que viven y desarrollan su actividad dentro del mundo rural, para ayudar a hacer de nuestros pueblos un espacio de oportunidades”.

 

Trámites

 

Por otra parte, en el documento presentado también se reclama más agilidad en las tramitaciones administrativas y mejora de los procedimientos asociados a la tramitación de concesiones, autorizaciones y modificaciones.

 

En este sentido, se demanda simplicidad, claridad y reducción de plazos en los procedimientos, ya que en la actualidad existe una excesiva complejidad sobre todo al completar los expedientes de jóvenes agricultores.

 

Por último, y sobre la gestión del riesgo de inundación, el actual texto pone en peligro explotaciones de regadío plenamente consolidadas, por lo que se solicita que para cualquier actuación localizada se tenga en cuenta a las personas que viven en el territorio, que son quien mejor conoce en profundidad sus necesidades y las del territorio y quienes pueden resultar beneficiados o perjudicados por cualquier tipo de actuación.