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La Diputación de Valladolid rechaza el complemento a empleados de residencias por su labor en la pandemia

Conrado Íscar, presidente de la Diputación, en el pleno. DIP VA

La Corporación reclama medidas contra la ocupación ilegal de viviendas en la provincia con los votos en contra de socialistas y TLP

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha rechazado este viernes el complemento salarial extraordinario a los trabajadores de los centros residenciales de la institución provincial por su labor durante la pandemia al considerarlo "discriminatorio" y susceptible de generar "agravios" entre profesionales.

 

Así lo han subrayado los dos grupos que forman el equipo de Gobierno, PP y Cs, los cuales han votado en contra de esta proposición en el Pleno ordinario de octubre, rechazo al que se ha sumado Vox, cuyo diputado, Mario de Fuentes, ha advertido de que la Diputación carece de "capacidad económica" para concederlo a todos los trabajadores que han realizado un "esfuerzo titánico" durante la pandemia y no entiende "ético" contribuir a premiar "a un único sector".

 

Por su parte, el diputado 'popular' Luis Miguel Muñumer ha advertido de la "difícil concreción" de esta medida, con la posibilidad de caer en "agravios comparativos", mientras que por parte de Cs, Nuria Duque ha puesto en duda si la propuesta es "oportuna u oportunista" cuando "esto no ha terminado" y hay "muchos más trabajadores al pie del cañón".

 

El PSOE sí ha obtenido el respaldo del Grupo Provincial Toma la Palabra (TLP), cuya portavoz, Virginia Hernández, ha vuelto a reclamar a la Diputación el pago de las horas extra que se deben al personal, hecho que ha negado Muñumer.

 

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha recordado el desgaste "físico y emocional" que han soportado estos trabajadores, con un esfuerzo "muy superior al exigible en circunstancias normales a cualquier profesional".

 

Asimismo, ha advertido de que la Diputación ya ha concedido "retribuciones extras a unos sí y otros no", por lo que "ya han establecido esa discriminación" y ha lamentado el rechazo de su proposición que supondría un coste de tan sólo 64.000 euros.

 

OCUPACIÓN DE VIVIENDAS

 

Pese al voto contrario de PSOE y TLP, han salido adelante sendas proposiciones de PP y Cs contra la ocupación ilegal de viviendas, si bien el Grupo Ciudadanos se ha abstenido en la del Popular después de que éste se negara a votar por separado los puntos de su iniciativa.

 

La proposición 'popular' insta al Gobierno de España a aprobar "de manera urgente" una ley que "garantice el derecho constitucional a la propiedad privada" y combata "eficazmente" la ocupación ilegal de viviendas.

 

Sin embargo, el texto incluye el apoyo de la Diputación a las modificaciones legales contra la ocupación presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, algo con lo que Cs no ha estado de acuerdo y que ha motivado su abstención, mientras que PP y Vox --al que se ha aceptado una enmienda en la proposición de Cs para instar al Gobierno y las Cortes Generales a que las normas de empadronamiento contribuyan a impedir esta práctica-- han votado a favor de ambas iniciativas, con lo que las dos han salido adelante.

 

La portavoz de Cs, Gema Gómez, ha alertado contra el "incremento desorbitado" de la ocupación ilegal y ha destacado la situación que sufren municipios de la provincia como Zaratán y Santovenia de Pisuerga, pero también Renedo de Esgueva, Cabezón de Pisuerga o Cigales.

 

Gómez ha lamentado que el ordenamiento jurídico tal como está planteado es "incapaz de garantizar" a la población "la tenencia y disfrute de su propiedad", tras lo que ha asegurado que "prácticamente todos los países del entorno" disponen de procedimientos "eficaces y rápidos".

 

DAÑO A LA CONVIVENCIA

 

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Raquel González Caballero, ha cifrado en "al menos 87.000" las viviendas ocupadas ilegalmente en España, circunstancias que, a su juicio, "alteran gravemente la convivencia vecinal".

 

Sin embargo, la socialista Virginia Almanza ha acusado a estos grupos de dibujar un problema "que no se corresponde con la realidad" y ha insistido en diferenciar el allanamiento de morada de la usurpación, delito este último que es el más frecuente, sobre todo "en viviendas vacías de bancos y fondos buitre", pero no en domicilios habitados, por lo que ha sentenciado que el "clima de alarma" no está "justificado" y "no hay un problema social con la ocupación de vivienda habitada".

 

En este sentido, Virginia Hernández ha reprochado que estos grupos acudan al Pleno a defender los intereses "de sus partidos" y no del medio rural, tras lo que ha explicado que en 2018 sólo un 14 por ciento de las denuncias llegaron finalmente al Juzgado, con una caída en lo que va de año del diez por ciento en Castilla y León y del 14 en la provincia de Valladolid, donde en lo que va de año "sólo se han tramitado cinco".

 

Frente a estas cifras, la portavoz de TLP se ha referido a los 147 desahucios diarios que se producen en el país para acusado a PP, Cs y Vox de una "aporofobia sonrojante" mientras buscan evitar "que se ponga en entredicho sistema que atenta contra los derechos fundamentales de las personas".

 

Al hilo de esto, ha advertido de que en el medio rural de la provincia el problema no es la ocupación, sino que las casas "se caen vacías" y ha acudido a la literatura de Miguel Delibes, cuyo centenario se conmemora este 2020, para advertir a los diputados de que "están intentando desahuciar al Nini y al Tío Ratero", dos de los personajes protagonistas de su novela 'Las ratas'.

 

CUNA DE LA HISPANIDAD

 

La otra proposición aprobada en el Pleno ha sido la presentada por el Grupo Vox para solicitar a la Real Academia de la Historia que se reconozca a Valladolid como 'Cuna de la Hispanidad', iniciativa que ha contado con el apoyo del PP y el voto en contra de PSOE y Toma la Palabra.

 

Ciudadanos, por su parte, se ha abstenido en este punto pero sí ha votado a favor de que la Diputación se comprometa a impulsar la investigación histórica a disposición de los ayuntamientos para que puedan distinguirse por la influencia compartida de los distintos pueblos hispanos, una propuesta basada en una enmienda de la formación naranja que Vox ha aceptado.

 

El encargado de defender la proposición, Mario de Fuentes, ha reconocido que Valladolid "no es la única" Cuna de la Hispanidad, pero ha apostado por defender "su contribución" a la misma y ha resaltado el potencial turístico y cultural de esta declaración para los municipios de la provincia.

 

Por último, el Pleno de la Diputación ha rechazado la proposición de TLP para que el porcentaje máximo a cobrar por Reval en la recaudación de la cuota tributaria en periodo ejecutivo sea del cinco por ciento de la cuantía recaudada en los municipios menores de 2.000 habitantes, mientras que el resto de la cuota, si existiese, quedara para ingreso de sus Ayuntamientos.

 

Toma la Palabra se ha quedado sola en su propuesta, ya que se ha encontrado con el voto en contra del resto de grupos --PP, PSOE, Cs y Vox--, a pesar de tratarse, como ha destacado Virginia Hernández, de una "propuesta de mínimos" que, según ha recordado, en el Ayuntamiento de Villanueva de Duero sí contó con el apoyo de PP y Cs.

 

En el Pleno, celebrado de forma telemática debido a la situación de pandemia, se ha dado cuenta del Informe Resumen Anual de Control Interno del ejercicio 2019 y Plan Anual de Control Financiero del ejercicio 2020, sobre el cual el portavoz socialista ha advertido de las "irregularidades" e "incumplimientos" detectados, mientras que el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, ha defendido el trabajo de la institución para "reducir los contratos menores", al tiempo que ha destacado que en 2020 se ha mejorado la contratación con un nuevo área específica.