La Diputación de Valladolid llega a un acuerdo para elaborar un estudio sobre eficiencia energética y para la protección del pino
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La Diputación de Valladolid llega a un acuerdo para elaborar un estudio sobre eficiencia energética y para la protección del pino

El Pleno, con la oposición de PSOE y TLP, rechaza la armonización fiscal, reclama bajada de impuestos y pide medidas contra la 'okupación'.

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes, sin votos en contra, dos proposiciones del Grupo Provincial de Vox para elaborar un estudio sobre eficiencia energética en edificios de la institución y su flota de vehículos tendente a un ahorro del consumo de electricidad y combustible, así como para ofrecer apoyo técnico a la Asociación para la Defensa del Pino de Castilla y León ante la situación que vive el sector ante las plagas que sufre esta especie en la Comunidad.

 

La primera de estas proposiciones --que no pudo debatirse en el anterior Pleno debido al positivo por covid del diputado de Vox, Mario de Fuentes-- ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos salvo el Socialista, que se ha abstenido después de que se rechazaran sus enmiendas de sustitución.

 

Estas enmiendas perseguían que la Diputación contratara la certificación energética de sus edificios, los inscribiera en el registro de la Junta de Castilla y León y concurriera a las convocatorias de las ayudas para la rehabilitación de inmuebles públicos, así como para que catalogara su flota de vehículos y elaborara un plan de sustitución de ésta por automóviles eléctricos o híbridos, acudiendo a las ayudas del Plan Moves III o posteriores y al programa de ayudas para el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica.

 

Sí se ha admitido otra enmienda presentada por el PP para que la Diputación, aproveche y utilice los informes y trabajos ya realizados sobre este asunto.

 

En cuanto a la segunda proposición de Vox, aprobada con la abstención de Toma la Palabra (TLP) y el voto favorable del resto de formaciones, ha incluido sendas enmiendas de PP y PSOE para que la Diputación inste a la Junta a elaborar un informe técnico sobre la situación que sufren los pinares de la Comunidad y buscar una solución en colaboración con la Administración General del Estado y las entidades locales, y para que inste también a la Junta a incrementar la inversión en investigación forestal para poder aplicar tratamientos.

 

A pesar de los votos en contra de PSOE y TLP, el Pleno ha aprobado dos proposiciones de PP y Cs dirigidas al Gobierno de España para rechazar la armonización fiscal, reclamar una bajada de impuestos y pedir medidas legislativas "urgentes" contra la 'okupación' ilegal de viviendas.

 

En cuanto a la primera, propuesta por el PP y relativa a la armonización fiscal y la bajada de tributos, el portavoz 'popular', Agapito Hernández, ha defendido la necesidad de "ayudar a familias y empresas del país" mediante el alivio de la presión impositiva ante el incremento de la inflación que "ya era desconocido antes incluso de comenzar la guerra de Ucrania" y que ahora "ronda el diez por ciento".

 

"UN PRETEXTO PARA SUBIR IMPUESTOS"

 

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central "que baje impuestos y descarte la armonización fiscal" entre territorios, ya que a su juicio, eso no es "otra cosa que un pretexto" para subir la tributación".

 

A esta petición de bajada impositiva para evitar "un doble castigo a los ciudadanos por la inflación" se ha sumado la portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos, Gema Gómez, quien ha recordado, además, que la autonomía fiscal de los territorios está consagrada en la Constitución.

 

Pese a mostrarse a favor de la reducción de impuestos, el portavoz de Vox ha recordado que esta cuestión "debe tratarse en el Congreso de los Diputados" y no en una institución como la Diputación de Valladolid, que "carece de competencias en esta materia", por lo que se ha abstenido en la votación.

 

En cualquier caso, Mario de Fuentes ha advertido que su formación sí está a favor de una armonización fiscal para que "todos los españoles paguen los mismos impuestos con independencia de dónde vivan", pero ha precisado que la suya es una armonización "a la baja" y no lo que plantea el Gobierno de España.

 

Por su parte, tanto PSOE como TLP han defendido el carácter redistributivo de los impuestos, al hilo de lo cual el portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha recordado que los tributos "sirven para pagar la sanidad, la educación o la Policía" y ha abogado porque "paguen más quienes más tienen", por lo que ha cargado contra la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por parte de la Junta de Castilla y León la pasada legislatura, una carga que sólo afrontaba "los más ricos" y que recaudaba "35 millones anuales que ya no van a médicos, enfermeras o profesores".

 

Su homólogo de TLP, Marcos Díez, ha ido más allá al relacionar la anunciada bajada del tramo autonómico del IRPF anunciada por el nuevo Ejecutivo autonómico con los "recortes" que, a su juicio, impedirán a los colegios del medio rural contar con servicios como el de enfermería para alumnos con necesidades especiales, en relación con la petición de las familias de dos alumnos en esta situación en el CEIP Pedro I de Tordesillas.

 

También ha salido adelante la proposición de Cs para urgir al Gobierno de España a adoptar medidas legislativas contra la 'okupación' ilegal de viviendas, después de que la portavoz naranja haya recordado que la provincia de Valladolid presenta "la peor situación de Castilla y León", con la cifra de ocupación "más alta desde 2015".

 

"AL 'OKUPA', PATADA"

Tanto Vox como el PP se han mostrado a favor de la iniciativa, después de que el portavoz del primero haya reclamado "firmeza" frente a la 'okupación'. "Al 'okupa', patada", ha sentenciado De Fuentes, mientras la 'popular' Raquel González ha constataado la importancia de "reforzar el ordenamiento jurídico a la vista de las cifras" para que los 'okupas' "no puedan ampararse en un vacío legal" y poder "combatir a las mafias que han hecho de la 'okupación' un negocio".

 

PSOE y TLP, por su parte, han criticado respectivamente la ausencia de "medidas jurídicas concretas" en la iniciativa y el "alarmismo" de la misma.

 

La tercera proposición aprobada en el Pleno de este viernes de las dirigidas al Gobierno de España ha sido una de TLP apoyada por el PP para instar al Ejecutivo a retirar su apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara Occidental y defender una "resolución justa" del conflicto que incluya el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

 

El Grupo Provincial Socialista ha votado en contra, en tanto que Cs se ha abstenido después de que se rechazara su petición para votar los puntos de la iniciativa por separado, una abstención a la que también se ha sumado Vox.

 

El PP, por su parte, ha votado a favor tras incorporarse al texto su enmienda de adición que insta al Ejecutivo central a velar por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 que establece que los acuerdos de asociación y liberación entre Marruecos y la Unión Europea no se aplicarán al territorio del Sáhara Occidental y que fue secundada por las Cortes de Castilla y León en 2017.

 

REPERCUSIONES ECONÓMICAS

El 'popular' David Esteban ha aludido también a las repercusiones económicas para España del cambio de actitud del Gobierno debido al malestar generado con éste en uno de los principales suministradores de gas para el país como es Argelia.

 

Con el único apoyo de TLP y el rechazo del resto de grupos ha decaído la proposición socialista que promulgaba la replicación en Valladolid del proyecto Provincia Universitaria que la Diputación de Salamanca mantiene con la USAL para favorecer, a través de un convenio con la UVA, la transferencia de conocimiento por parte de sus docentes e investigadores en los municipios vallisoletanos.

 

En concreto, Cs ha votado en contra después de que el PSOE rechazara su enmienda para implantar esta iniciativa dentro de los programas ya en marcha entre ambas instituciones, en lugar de suscribir uno nuevo.