La CHD estima la existencia de 9.589 pozos en regla y detalla que desde 2014 se ha investigado la legalidad de otros 200
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La CHD estima la existencia de 9.589 pozos en regla y detalla que desde 2014 se ha investigado la legalidad de otros 200

Pozo ilegal (Foto: E. P.)

En caso de irregularidad en las prospecciones, las sanciones pueden llegar hasta los 10.000 euros, siendo la media unos 3.000.

Los pozos siguen siendo un problema para la seguridad ciudadana. El balizamiento de una prospección abandonada en la zona de Villanubla por parte de los Bomberos de Valladolid ha vuelto a alertar a los propietarios de las fincas de que este tipo de instalaciones deben estar selladas y aseguradas en todo momento.

 

El caso no es una excepción, y es que desde la tragedia acaecida en Totalán con el pequeño Gabriel se está poniendo especial intención en vigilar que los pozos se encuentren tapados y sin ningún riesgo.

 

La Confederación Hidrográfica del Duero (CDH) elaboró un informe, apuntando al “sentido común”, en el que se explicaba que todos los pozos y sondeos deben estar tapados y sellados para proteger a las personas y animales de caídas accidentales, así como para preservar el agua del acuífero de la contaminación. Una obligación aplicable tanto a los pozos y sondeos que están en uso como los que no.

 

Según la CDH en Valladolid existen 9.589 pozos inscritos legalmente en su Registro de Aguas y Catálogo para el aprovechamiento del agua subterránea.

 

La situación se complica cuando se intenta constatar el número de perforaciones irregulares existentes. En el año 2006, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estimó en 510.000 los pozos ilegales que existían en nuestro país. Una cifra que se ha ido engrosando hasta la actualidad.  

 

En Valladolid se incoaron un total de 200 expedientes por denuncias de pozos desde el año 2014 hasta el 2018, llegando a 109 en el 2017. La incoación se efectúe para conocer la legalidad de los mismos. En caso de irregularidades, las sanciones pueden llegar hasta los 10.000 euros, siendo la media unos 3.000.

 

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Valladolid, Alberto Duque, ha informado a este medio que se desconoce la cifra de pozos “no declarados” en la provincia, pero que cree que los datos pueden rondar entre el 10% o el 15%. Duque ha explicado que muchas de las prospecciones no es que sean ilegales, es que se encuentran en un estado de alegalidad.

 

Esta situación de alegalidad se da debido a la utilización regular de los pozos de minas por la antigua autorización del Ministerio de Industria en el Registro de Minas. Ahora, con la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, estos pozos son ilegales y los propietarios deberían iniciar un proceso de legalización para regularizarlos.

 

Según el portal Agronews Castilla y León, “si el pozo no está legalizado y no tienes concesión de Confederación (autorización administrativa) puedes ser sancionado con una multa de hasta 50.000 euros e incluso tener que pagar una indemnización por los daños causados al dominio público hidráulico que se calculan en función del volumen de agua consumido por el precio del agua según su uso (agrario, ganadero…) según los parámetros que establece la Administración, y te pueden precintar (cerrar) el pozo y no poder volver a utilizarlo”.

 

A la situación de ilegalidad generalizada que existe hay que añadir el hecho de que apenas se exijan medidas de protección para evitar que los pozos abandonados constituyan un peligro. El grupo de Ecologistas en Acción lleva años denunciando ante las administraciones el descontrol de las prospecciones, por lo que exigen una nueva normativa que garantice que los pozos abandonados no impliquen ningún tipo de peligro y que se ponga en marcha un plan para clausurar progresivamente todos los pozos ilegales que existen en España.

 

La organización también ha instado a los ayuntamiento a que procedan con sus propios medios a la detección de todos los pozos abandonados que pudieran existir en su término municipal, así como que lleven a cabo en los mismos las medidas preventivas de urgencia necesarias para evitar que sigan siendo un riesgo para las personas y los animales.

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