La Audiencia de Valladolid devuelve las actuaciones del 'Caso Samaniego' al juez para evitar incurrir en una posible nulidad

Ello supondrá un retraso en los planes del tribunal a la hora de fijar la fecha del juicio, previsto inicialmente para enero de 2019.

La Audiencia de Valladolid ha dictado auto ordenando la devolución de las actuaciones en el 'Caso Samaniego' al Juzgado de Instrucción número 4 a fin de evitar incurrir en una posible nulidad de actuaciones, dado que en el auto de apertura de juicio oral se omitió la petición del fiscal de incluir, en el capítulo indemnizatorio, la responsabilidad civil subsidiaria del grupo de empresas del clan familiar liderado por el principal investigado y ex jefe del Servicio de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego.

 

Fue la propia Sección Segunda de lo Penal, presidida por Feliciano Trebolle, la que se percató de que el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 no incluía la solicitud de la acusación pública para que, amén de la responsabilidad civil directa de los cuatro investigados, el grupo de empresas de los mismos respondieran también, con carácter subsidiario, del posible pago de indemnizaciones.

 

Tras consultar dicha cuestión con las partes, la Audiencia Provincial, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ha resuelto ahora retrotraer las actuaciones al momento previo del auto de apertura del juicio oral, de fecha 30 de enero del presente año, para que el juez instructor dicte uno nuevo subsanando el referido olvido.

 

El abogado del Ayuntamiento, personado como acusación particular, ha explicado a Europa Press que en su momento no incluyó la responsabilidad civil subsidiaria del grupo de empresas de los Samaniego por tratarse de sociedades "ficticias" sin patrimonio, si bien apunta que ahora se adherirá al fiscal para solicitar dicha responsabilidad.

 

RETRASO PARA LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO

 

Ello supondrá un retraso en los planes del tribunal a la hora de fijar la fecha del juicio -inicialmente pensaba celebrarlo en enero de 2019-, toda vez que las actuaciones han de volver al instructor para que dicte el auto de apertura de juicio y, además, será necesario que las defensas de los cuatro acusados vuelvan a presentar sus escritos de calificación y que hagan lo propio, por vez primera, las sociedades incluidas como responsables civiles subsidiarias.

 

Además, a los embargos acordados sobre los bienes de los cuatro principales investigados habrá que sumar los que se pidan ahora sobre el patrimonio de las sociedades del clan Samaniego.

 

En su escrito de calificación provisional, Fiscalía de Valladolid solicita penas que globalmente suman 35 años de prisión para los cuatro investigados en el 'caso Samaniego' por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa.

 

Tales delitos obedecen a los sobrecostes de 2,4 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital vallisoletana pagó entre los años 2000 y 2014 por la adjudicación de obras municipales a las empresas del que fuera jefe del servicio de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego.

 

En concreto, la acusación pública pide para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel- en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público-, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

 

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

 

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, como acusación particular, eleva a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pedía para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebaja las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.

 

El procedimiento contra todos ellos obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

 

En el relato de hechos presuntamente delictivos se apunta que Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

 

Y ello, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar, a lo que la juez instructora del caso añadió en su momento que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.