La Asociación de Vecinos La Calle pedirá dimisiones si el Ayuntamiento de Laguna no retira las acusaciones de difundir noticias falsas

E.P.

Ha pedido al Consistorio de la localidad que rectifique la "amenaza" que emitió contra el colectivo en una rueda de prensa.

La Asociación de Vecinos La Calle de Laguna de Duero (Valladolid) ha pedido al Ayuntamiento de la localidad que rectifique la "amenaza" que emitió contra el colectivo en una rueda de prensa, al acusarles de difundir "noticias falsas" sobre los datos del coste de depuración de aguas y el ahorro energético de las nuevas luminarias, o pedirán dimisiones.

 

Según ha señalado el presidente de la asociación vecinal, Luis Miguel Pérez, las "intimidaciones" se produjeron por parte del alcalde de Laguna, Román Rodríguez, y del teniente de alcalde, Juan José Biosca, cuando en una rueda de prensa, el pasado 27 de julio, apuntaron a que si La Calle continuaba "difundiendo noticias falsas podrían tener consecuencias judiciales".

 

Así, Pérez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha afirmado que las acusaciones "no tienen ningún fundamento", que "todo" lo que ha difundido son "análisis críticos en función de las noticias que da el Consistorio" y que se confunde la "libertad de expresión con el insulto". Además, ha manifestado que este hecho se suma a la "escalada de tensión que se ha producido en esta legislatura".

 

De esta manera, el presidente de La Calle ha asegurado que si ven que "no hay un cambio" y el equipo de gobierno "mantiene su idea de amenaza" pedirá dimisiones, pero ha descartado ejercer acciones legales porque "lo que no está bien es que las relaciones entre los gobernantes y sus vecinos acaben judicialmente".

 

Igualmente, ha reiterado que es "nítido" que al gobierno municipal "no le gusta el perfil reivindicativo" y que "el autoritarismo salta a la vista" cuando las organizaciones vecinales se movilizan. Además, ha reclamado que es "impropio de una democracia" que un cargo público utilice los medios de comunicación para "intimidar" a una asociación y "animadversar a la sociedad contra ella".

 

Por su parte, la presidenta de las Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, Margarita García, ha mostrado su apoyo al colectivo en esta "complicada" situación y ha destacado el "espíritu abierto y activo" de las asociaciones en temas municipales.

 

"CONSECUENCIAS" DE LA GESTIÓN

 

Por otro lado, la asociación vecinal La Calle ha realizado un análisis sobre las "consecuencias" que ha producido la gestión del gobierno municipal actual respecto al abastecimiento del agua, el endeudamiento de la localidad, la acción social municipal, los gastos de alumbrado público, la gestión de la Sociedad Municipal Prado Boyal o la transparencia, entre otros.

 

Respecto al abastecimiento del agua en la localidad, la asociación ha afirmado que es una "cruda realidad" que la multa por contaminar el río Duero con vertidos residuales salía "más barata" que la obra para depurar, que suponía una sanción de 220.000 euros cada año. Por otra parte, ha criticado también que el Consistorio usara glifosato en parques y jardines durante la anterior legislatura a pesar de que era perjudicial para la salud.

 

Además, ha señalado "cobros indebidos" a los habitantes del municipio por la depuración de aguas residuales en los años 2015 y 2016, que fueron cobradas y no abonadas hasta 2017.

 

En este aspecto, la asociación ha indicado que "no hay mucha luz" sobre el convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid y Laguna y que el Consistorio no ha invertido en la renovación de tuberías de fibrocemento para las redes de abastecimiento de agua.

 

Respecto a los gastos de alumbrado público, la asociación de vecinos ha compartido la denuncia de Facua por la subida de la factura eléctrica en un 9,1 por ciento, a pesar del cambio de la iluminación pública convencional por una de led, que tendría que suponer "mayor eficiencia y menor consumo".

 

Según la asociación, el Consistorio respondió ante estas denuncias que se trataba de un "ahorro teórico" de un 60 por ciento en energía, a lo que, tras consultar las facturas correspondientes, La Calle ha indicado que el ahorro anual era de 57.569 euros, una cifra "muy alejada" del 60 por ciento.

 

FALTA DE EJECUCIÓN

 

En el caso de la deuda actual del Consistorio, de 1.222.629 euros, la asociación ha señalado que aunque se trata de una "supuesta buena gestión", los grupos de gobierno aprobaron saldos de "dudoso cobro" y que el superávit municipal en 2017 resulta de "no gastar lo presupuestado en 495.910 euros".

 

Por otra parte, la vocal de la asociación Rafaela Gómez ha destacado la no ejecución en 2017 de 246.064 euros del programa de Acción Social y 3.207 de la partida de lucha contra la violencia de género, así como la negativa del equipo de gobierno ante la propuesta de una ayuda para alquilar una casa de acogida para las víctimas.

 

Asimismo, el colectivo ha apuntado a las "luces y sombras" de la gestión de la Sociedad Municipal Prado Boyal, sobre la que hay abierta una comisión de análisis en la que se le ha negado participar. Además, ha pedido información a cerca del resultado del contencioso entre el Ayuntamiento y la Agencia Tributaria sobre la inspección fiscal del año 2014 al 2017 de todos los impuestos y de 2013 para el impuesto de Sociedades, que se resolvió en el mes de junio de 2017.

 

Por otro lado, se ha referido a la "falta de transparencia" sobre los gastos políticos del equipo de gobierno, puesto que ha suspendido la cesión de información al respecto y después a que el informe Dyntra (que elabora la Plataforma Social de Transparencia y Gobierno Abierto) de transparencia municipal sitúa al municipio en un "ínfimo" 37,5 por ciento en cuanto a cargos electos y de libre designación.

 

También, han señalado la petición de los vecinos respecto a la municipalización de los puntos limpios de la localidad para lo que han considerado que con el presupuesto de gasto de 45.000 euros en 2017 "se puede y se debe asumir la gestión directa".

 

Otro de las críticas de la asociación es la "ausencia" de presupuestos participativos que el Consistorio "no tiene voluntad de poner en marcha", según ha afirmado la asociación.

 

Finalmente, el presidente de la asociación vecinal ha enumerado algunos de los logros del colectivo como la eliminación de la retasas de basuras, el uso de glifosato, los vertederos con uralitas, la primera publicación parcial de las declaraciones de bienes de los cargos públicos, la modificación de una tasa de agua, cambios en el transporte público, la limpieza de parcelas y solares ante el riesgo de incendios o el freno de la subida de precios de las piscinas.

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