La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento solicita tres años de prisión para León de la Riva

León de la Riva en el juicio en el que resultó condenado por desobediencia.

Asimismo solicitan nueve años de inhabilitación para el ex alcalde de valladolid por las tres cartas de conformidad suscritas por el exregidor en 2008, 2010 y 2011. 

El Ayuntamiento de Valladolid solicita una condena de tres años de prisión y nueve de inhabilitación para el exalcalde, el 'popular' Javier León de la Riva, por las tres cartas de conformidad suscritas por el exregidor en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía a la institución local a aportar 100 millones de euros, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento del ferrocarril.

 

En su escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 4, el Consistorio, a través de su Asesoría Jurídica, además de pedir la apertura de juicio oral, interesa igualmente para el exregidor su inhabilitación por espacio de nueve años por un presunto delito de falsedad documental y otro de prevaricación administrativa, según una información del diario El Norte de Castilla recogida por Europa Press.

 

Asimismo, el Ayuntamiento pide en su escrito siete años de inhabilitación para el ex edil de Hacienda, Alfredo Blanco, y para el ex responsable de la cartera de Movilidad, Manuel Sánchez, el primero aún en la bancada 'popular', en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de un delito de prevaricación pasiva o por omisión.

 

En virtud de las tres cartas, denominadas 'comfort letter', el Ayuntamiento se comprometía a desembolsar 100 millones de euros si la Alta Velocidad incumplía la obligación de devolver el préstamo y los intereses a los seis bancos acreedores.

 

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento basan su petición en el hecho de que el entonces alcalde firmó los documentos pese a ser consciente de la obligación de iniciar un procedimiento que incluía obtener el informe del interventor municipal, haber solicitado autorización a la Consejería de Hacienda de la Junta y haberlo sometido a pleno, requisitos éstos que no cumplió.

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