Cyl dots mini

Javier León de la Riva y Manuel Sánchez recogen en la Audiencia Provincial el auto de firmeza de su absolución

Blanco, Sánchez y De la Riva, durante el juicio.

Las 'Comfort Letter' sirvieron como garantía para la formalización de un préstamo de la Sociedad Alta Velocidad que obligaba al Ayuntamiento a hacer frente a 100 millones de euros.

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, y el que fuera concejal de Movilidad, Manuel Sánchez, han recogido esta mañana en la Audiencia Provincial el auto de firmeza de su absolución por el denominado caso de las 'Comfort Letter', que sirvieron como garantía para la formalización de un préstamo de la Sociedad Alta Velocidad que obligaba al Consistorio a hacer frente a 100 millones de euros.

 

Ambos exmunícipes han acudido al Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial, para recoger en persona, a las 10:30 horas, el auto de firmeza de su absolución firmado por la Sección Segunda de lo Penal que les juzgó a ambos y al también exresponsable de Hacienda, Alfredo Blanco, igualmente absuelto, según pudo comprobar Europa Press.

 

El fallo del tribunal presidido por Feliciano Trebolle, y posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a la que recurrió la Fiscalía vallisoletana, ha cobrado firmeza después de que el Ayuntamiento, personado como acusación particular, rechazara acudir en casación al Supremo y la acusación pública decidiera lo propio más tarde.

 

La Fiscalía pedía una pena total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por tres delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, mientras el Consitorio solicitaba tres años de cárcel y nueve de inhabilitación. El tribunal entendió que no hay seguridad de que Francisco Javier León De La Riva actuara "con malicia o intención fraudulenta", lo que podría suponer el dolo falsario que caracteriza el delito de falsedad documental, de ahí que se absuelva por dicho delito.

 

Si bien se advertía de que el exregidor del PP actuó con "negligencia grave", tampoco veía posible condenarlo por delitos de falsedad documental por imprudencia no dolosa, ya que ello habría prescrito a los cinco años, acuerdo con el artículo 131.1 del código penal (la firma de la tercera y última comfort letter se llevó a cabo el 26 de enero de 2011). De haberse podido aplicar, las penas establecidas son multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por entre seis meses y un año.

 

Respecto al delito de prevaricación, se apuntaba a una posible ilegalidad administrativa, pero no se consideraba que los hechos tuvieran entidad penal. Tampoco se entendía que concurriera en la conducta de los acusados el elemento subjetivo de dicho delito, "que es actuar a sabiendas, esto es con dolo penal".