Histórica oferta de empleo público: 67.000 plazas este año y 250.000 para convertir interinos en fijos

El Gobierno aprueba una OEP de 67.000 plazas para este año y otras 250.000 para hacer indefinidos a interinos en áreas clave de los servicios públicos. El reparto deja 19.000 plazas para el Estado, 28.144 plazas para las comunidades autónomas y en torno a 20.000 para las entidades locales.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha firmado este miércoles con los sindicatos el acuerdo de empleo público que contempla una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8%.

 

Montoro ha suscrito en la sede del Ministerio el acuerdo para la mejora del empleo público con representantes de las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF, como paso previo a la reunión oficial de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de esta tarde, a las 16.30 horas, a la que asistirán sindicatos, comunidades autónomas y la FEMP, y en la que se fijarán las cifras definitivas de la OEP y el salario público para 2017, que previsiblemente será del 1%.

 

Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo, para los que se prevé una tasa de reposición del 100%, son Sanidad, Educación, Justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

 

Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal. El resto de sectores tendrá una tasa de reposición del 50%.

 

Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado (AGE), 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales, según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota.

 

 

REDUCIR LA INTERINIDAD AL 8% EN 2019

 

El acuerdo también pretende dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres años, se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90 % en servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre otros. Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).

 

Hacienda señala que hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de Enseñanza y Justicia. La tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de Justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.

 

 

"DIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"

 

El ministro ha celebrado la firma del primer acuerdo de esta legislatura entre los sindicatos y Función Pública, y ha destacado que el objetivo del mismo es mejorar la calidad del empleo público y reducir la interinidad a lo largo de los tres próximos ejercicios.En este sentido, ha subrayado que el acuerdo en materia de empleo público es una apuesta por la "dignificación" de la Función Pública y de los servicios públicos, que "tienen que ser una prioridad esta legislatura", y supone una "importante contribución a la recuperación económica del país".

 

El ministro también ha agradecido la "disposición" de los sindicatos para el acuerdo, lo que constituye un "gran referente" y un "gran ejemplo" para la sociedad española, y ha mostrado la "mejor disposición" del Gobierno para que haya continuidad en la negociación en diferentes ámbitos.

 

 

LOS SINDICATOS VEN "UN ANTES Y UN DESPUÉS"

 

Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado que hay "un antes y un después" en el ámbito del empleo público tras la rúbrica del acuerdo, si bien ha mostrado su disconformidad con la subida salarial del 1%, y ha anunciado que desde este jueves iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

 

A su vez, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha valorado que el acuerdo va a permitir poner fin a la tasa de temporalidad y constituye un "primer paso" en las negociaciones, si bien ha insistido en que la "prioridad" sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo, aunque la postura está "muy alejada" de las pretensiones del Gobierno.

 

De su lado, el secretario general de FSC-CC.OO., Javier Jiménez, ha celebrado la firma del acuerdo porque supondrá la "estabilización de centenares de miles de empleos públicos", y conlleva la devolución a cada administración pública de su responsabilidad respecto a tener que negociar en el ámbito que le corresponda.

 

Jiménez ha valorado también que el acuerdo incorpora a sectores prioritarios más allá de los recogidos en el proyecto de PGE y supone "cerrar una etapa muy triste, muy negra, de cómo la cómo la reducción de empleo como consecuencia de la crisis ha llevado a la privatización de servicios". "El acuerdo ha sido posible por la voluntad del Gobierno que ha escuchado a organizaciones sindicales, ha tenido disposición y ha permitido que hoy tras muchos años podamos firmar acuerdo con nuestro empleador", ha agregado.